El día 30 de septiembre, a través de un tweet con los hashtags #PistolasElectricas y #MasSeguridad, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Chubut anunciaba la compra de 25 pistolas Taser para las fuerzas de choque de la policía provincial, a cargo del ministro Federico Massoni, por la suma estimada de casi 2 millones de pesos.

Este hecho no es una sorpresa para nadie, y no solo por el abultado y reconocido recorrido del ministro Massoni en materia represiva. Ya en mayo de 2019 nos enteramos de la intención por parte de la cartera provincial de hacerse con estos aparatos, aunque pasados unos meses de silencio respecto al tema, el ministro saliera a declarar que en realidad nunca se había efectuado la compra -según él, debido a conflictos jurídicos de orden nacional. En realidad, se debió retroceder con la medida dada la presión que ejercieron diversos sectores políticos (que integran hoy el oficialismo) y organizaciones de derechos humanos, que elevaron su denuncia al gobierno nacional respecto del efecto que provocan estas armas entre quienes reciben sus descargas eléctricas. Las fervientes críticas que se mostraron el año pasado frente a las avanzadas represivas de Patricia Bullrich hoy parecen no tener el mismo impacto y descontento, cuando quien está al frente de la cartera de seguridad y de esa avanzada es Sabina Frederic.

En estos días, Massoni se refirió a las Taser como un elemento “preferible” para la intervención del grupo GEOP o la división de motos, a la hora de allanamientos. Y declaró que “antes que activar un mecanismo mortal como un disparo de fuego, es preferible que lo incapaciten con un disparo de una Spark o con un Taser”, para encubrir que la incorporación de estas armas responde a una profundización de la agenda represiva.

El reforzamiento represivo, una política nacional y provincial.

Desde el anuncio reciente del ministro, se ha tratado de instalar, desde los medios, la idea de un “desacuerdo” entre Massoni y el Ministerio de Seguridad de Sabrina Frederic, e incluso del Ejecutivo nacional, respecto del uso de las Taser. Pero la funcionaria dejó claro que avala y hasta “motoriza” su uso. Lejos de mostrar grietas con Berni o Massoni, caras que buscan instalar como opositoras a sus políticas, la ministra encuentra en estos actores la vía perfecta para ejecutar las medidas represivas necesarias, frente al agravamiento de la crisis económica y sanitaria, que advierte un posible levantamiento social.

La política de reforzamiento del aparato represivo es una tradición que atraviesa y posee continuidad en todos los gobiernos: en 2019, el gobierno nacional habilitaba, mediante resolución del Boletín Oficial, el uso de las Taser a nivel federal, luego de efectivizar la compra de 300 de estos aparatos. En 2020, en tiempos anteriores a la pandemia, el flamante gobierno “nacional y popular” nos sorprendía con la compra de otras 100 unidades.

Massoni representa la continuidad de esta política represiva de Estado, frente a dos gobiernos que buscan tildarse de opositores. En el 2019, se consagró como el alumno diez de la Patricia Bullrich, llevando adelante su agenda represiva a rajatabla. Hoy, se muestra a la altura del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, no sólo adoptando sus modos de intervenir en persona en allanamientos, sino con el incremento de las denuncias por violencia institucional de su policía. No hay grietas entre Frederic y Berni, como tampoco las hay entre el gobierno provincial y el nacional.

Frente a la crisis y la represión, luchemos en las calles

Chubut es una provincia quebrada, donde a los estatales se les adeuda tres meses de sueldo, sin paritarias ni aguinaldo. El sistema de salud se encuentra en colapso, y el aumento de casos en la provincia solo puso de manifiesto la falta de inversión en el área, con más del 80% de camas ocupadas y con los trabajadores de salud enfrentando una crisis sanitaria sin los protocolos adecuados y sin el personal suficiente para habilitar un recambio. Todo este escenario es producto de un régimen que pone como prioridad el pago de una deuda usuraria y fraudulenta, atacando de lleno las condiciones materiales y de vida de la población.

En las últimas semanas, y a pesar de las restricciones de circulación, hemos visto al movimiento obrero chubutense tomar nuevo impulso, movilizándose en las calles de toda la provincia. Han crecido los cortes de ruta de sectores como vialidad, salud y docentes, como expresión de descontento por el atraso de los pagos de salarios. Todo ello a pesar de los intentos de las burocracias sindicales por desactivar el movimiento y asegurar la gobernabilidad del mandatario provincial Mariano Arcioni y el pacto social a nivel nacional.

La policía de Massoni, como Berni con la Bonaerense, actúa como el brazo represivo de este gobierno, atacando a los trabajadores y reprimiendo cualquier expresión de lucha. Sin ir más lejos, este 5 de octubre se reprimió a los estatales que se manifestaban ante la Casa de Gobierno, dejando como saldo al secretario general del Sindicato de Salud Pública (Sisap) herido. Arcioni, en conferencia de prensa, ha justificado el accionar de la policía y se alinea con Nación, habilitando el recrudecimiento de la represión en toda la provincia.

Desde el Partido Obrero repudiamos cualquier hecho represivo hacia la clase obrera, consideramos que la crisis la deben pagar quienes la generaron y no los trabajadores. Por esto, vamos por el no pago de la deuda y su investigación. Frenemos el avance extractivista, que intentan poner como salida a la crisis de recaudación. ¡Luchemos por un proyecto que realmente haga que la crisis la paguen los capitalistas!

Apoyemos el proyecto de impuesto a las grandes rentas y fortunas presentadas por las bancas del FIT, que permitiría recaudar una cifra acorde a las necesidad que presenta la pandemia y el agudizamiento de la crisis.

¡Basta de represión! Fuera Massoni

¡No al pago de la deuda! Qué la crisis la paguen los capitalistas.