La cuarentena en la provincia de Chubut ha servido para desplegar a fondo una alarmante matriz represiva que en los últimos años ha tenido oscuros capítulos. La represión es la pata operativa del Estado capitalista para sostener un régimen de ajuste y saqueo a la población trabajadora. En la historia más reciente, los responsables políticos de esta orientación son el gobernador Mariano Arcioni y su ministro de Seguridad, Federico Massoni, a cargo de la policía provincial.

Con casi 2.500 personas detenidas en el marco de la cuarentena, Chubut supera holgadamente el promedio nacional de detenciones.

Chubut cuenta con un solo caso de contagio, dado a conocer en el día de hoy. La totalidad del gabinete provincial, incluido el ministro de Salud, Fabián Puratich, defiende de forma cerrada todas las actuaciones del gobierno provincial de represión a la población en el marco de la pandemia.

El silencio de la ministra de Seguridad de la nación, Sabina Frederic, parte del gobierno nacional de Alberto Fernández, deja al desnudo la propia agenda represiva nacional ante la posibilidad de levantamientos en los sectores sociales que nada están recibiendo del Estado para paliar el hambre. Reflejo de ello es el ciberpatrullaje, que refresca la memoria sobre el Proyecto X de los Berni y Milani.

Tampoco está en la agenda de las teleconferencias con los gobernadores, incluidos los de Juntos por el Cambio, los casos de abusos policiales y vejaciones en Chubut, y en otras provincias.

En Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew, se han dado casos de denuncia de detenciones y secuestros de vehículos a trabajadores con la debida autorización; se suma ahora la denuncia de detención y hostigamiento a voluntarias en comunidades mapuches de Corcovado.

El Gimnasio municipal de Trelew se ha transformado en un centro de detención. Danilo Sepúlveda, abogado penalista detenido cuando sacaba la basura, denuncio que se lo tuvo incomunicado a él y a otros detenidos.

El audio que se filtró de Paulino Gómez, director de Seguridad provincial, ordenando (por instrucción del ministro de Seguridad) al jefe de la comisaría n° 1 de Trelew “meter gente en cana” porque la comisaría estaba casi vacía, fue minimizado por Arcioni, el jefe de la Policía de Chubut, Miguel Gómez, y por todo el gabinete, al tratarse tan sólo de “un audio privado y un léxico entre camaradas”. 

Las denuncias efectuadas ante el Ministerio Publico Fiscal por los abusos caen en saco roto, en un sistema de justicia que acarrea su propia crisis por la falta de pago de salarios en tiempo y forma a sus empleados, que dejan dichas denuncias postergadas para el fin de la pandemia.

En Chubut, el avance sobre las libertades democráticas parece ser directamente proporcional a la impotencia del gobierno de Arcioni para poner en pie el sistema de salud: el número de camas y respiradores en la provincia es ínfimo, como la capacidad de testeo y los insumos de bioseguridad. El sistema de salud público absorberá la totalidad de los casos relacionados a la pandemia, resguardando el negocio de las clínicas privadas; las grandes empresas como PAE y Aluar se lavan la cara con donaciones que son limosnas. 

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), ha exigido la renuncia de Massoni, Gómez y los funcionarios implicados en el escándalo del audio; diputados del bloque del PJ provincial han realizado otra denuncia judicial de abuso de autoridad por parte del ministro Massoni y los Gómez; la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut ha hecho otro tanto “por los delitos de acción pública que se podrían tipificar, según el Art. 248 del Código Penal Argentino como delitos de ABUSO DE AUTORIDAD”, y señalan la inconstitucionalidad de las resoluciones provinciales N°22/20, N°28/20 y N°29/20 dictadas por el ministro de Seguridad de Chubut. 

Desde el Partido Obrero exigimos el cese de la interrupción de las libertades democráticas y denunciamos que el gobierno de Arcioni ha montado un Estado de excepción en la provincia.