La primera jornada del juicio oral a los genocidas de la Brigada de San Justo comenzó a las 9 de la mañana, en las afueras del TOF Nº1 de La Plata, donde se realizó una radio abierta con la numerosa participación de sobrevivientes, familiares y organizaciones de derechos humanos. Estuvieron presentes, entre otros, la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y la Multisectorial La Plata Berisso y Ensenada. También estuvo presente la diputada nacional del Partido Obrero-Frente de Izquierda Romina Del Plá. Abogados y abogadas de las organizaciones de derechos humanos –entre ellas, Apel– representan a la querella colectiva Justicia Ya.

La causa contempla 84 casos, 31 de los cuales corresponden a personas detenidas-desaparecidas, la mayor parte de las víctimas fueron militantes sociales, políticos y sindicales de la zona oeste del conurbano.

Entre las denuncias centrales expresadas en la radio abierta junto con la exigencia de justicia por todos los compañeros y compañeras, fue el reclamo de que casi la totalidad de estos genocidas llega al debate libre, con prisión domiciliaria o excarcelados por el vencimiento de las prisiones preventivas que venían cumpliendo, es decir, genocidas que no tienen condena previa, que si no son condenados en este juicio se vuelven a sus casas. Solicitaremos que las prisiones domiciliarias sean revocadas en la próxima audiencia este miércoles.

La Brigada de San Justo, partido de La Matanza, fue un centro clandestino de detención que congregó secuestro, privación ilegal de la libertad, tortura, traslado interno de detenidos, apropiación y distribución de niños apropiados, vinculaciones con el Plan Cóndor y desaparición forzada de personas.

Formaba parte del denominado “Circuito Camps”, que incluyó más de 33 centros clandestinos de detención en el conurbano bonaerense, y estaba a cargo de la Dirección General de Investigaciones que regentaba el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. Junto con él, serán juzgados otros 18 represores, entre los que se encuentran dos militares de la estructura de mando, ocho oficiales del área de inteligencia militar, cuatro jefes del CCD, cuatro agentes que realizaban custodia e interrogatorios, un médico policial que asistía torturas y los titulares civiles del Ministerio de Gobierno provincial en dictadura. 

Cabe destacar que lo que fue elevado a juicio se trata de un recorte, no sólo en la cantidad de víctimas ya que fueron muchas más de las que contempla este juicio, como la cantidad de genocidas que debieron estar imputados, sino también porque no se investiga la actuación de este centro clandestino de detención durante los años previos, siendo que comenzó a funcionar desde mucho antes del golpe del 76.

Existen pruebas de detenciones durante marzo abril del 75, bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, donde en el marco del Plan Cóndor la dictadura uruguaya, en conjunto con la policía Bonaerense y Federal, llevaron adelante una redada contra el MLN Tupamaros en Argentina, deteniendo a unas 35 personas, algunas de las cuales luego de ser secuestradas y torturadas en la Brigada de San Justo fueron condenadas por la justicia ordinaria en el marco de la “ley antisubversiva” de octubre del 74 y luego puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en dictadura.

En la primera audiencia, se les leyeron a los acusados la lista de casos e imputaciones por las que están siendo juzgados. Resulta fundamental la participación de las audiencias para la lucha contra la impunidad de la cual están gozando hace más de 40 años, con la anuencia de todos los gobiernos democráticos, y en el marco del intento de reconciliación por parte del gobierno actual, el 2×1, el decreto habilita a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de la llamada “seguridad interior” para imponer el ajuste, entre otras cosas.

Las audiencias se desarrollarán los miércoles a las 10 en el primer piso de los Tribunales Federales de La Plata en 8 entre 50 y 51.

Cárcel común perpetua y efectiva para todos los genocidas!

¡Fue genocidio, son 30.000!