En los tribunales de Pergamino, comenzó este lunes el juicio por la masacre de la Comisaría 1°, ocurrida el 2 de marzo de 2017. Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Alán Córdoba, John Claros, Franco Pizarro, Juan José Cabrera y Federico Perrota murieron asfixiados y quemados, encerrados en la celda 1 ante la mirada de los policías que no accionaron los matafuegos, demoraron en llamar a emergencia y finalmente obstaculizaron la labor de los bomberos. Dicha comisaría, lindante con la Municipalidad, fue en la última dictadura militar un centro clandestino de detención. 

Durante el juicio, que está previsto se extienda hasta mediados de octubre, el Tribunal Oral en lo Criminal n°1 de Pergamino -conformado por los jueces Miguel Gáspari, Guillermo Burrone y Danilo Cuestas- deberá evaluar las pruebas y juzgar la responsabilidad penal de los ex policías bonaerenses Brian Carrizo, Alexis Eva, Matías Giulietti, Carolina Guevara, Sergio Rodas y el entonces comisario Alberto Donza —que estuvo 14 meses prófugo— imputados por el  delito  "abandono de persona seguido de muerte por multiplicidad de víctimas", que contempla penas que van de los 5 a los 15 años de cárcel.

Producto de la lucha incansable de los familiares y amigos de las víctimas, que conformaron el colectivo “Justicia por los 7” y ganaron la calle contra la impunidad, todos los imputados fueron desafectados de la fuerza y están con prisión preventiva. Pero sólo Eva y Donza esperan el juicio en una celda, el resto goza de arresto domiciliario. Sin embargo, el grito de reclamo logró revertir la versión policial de que el incendio comenzó por un motín ocasionado por los presos.

Ahora, la defensa de los policías alega que las malas condiciones materiales de la comisaría habían sido denunciadas por el mismo comisario, pero no tuvo ninguna respuesta. Uno de los abogados llegó a postular que los jóvenes «murieron de un modo despreciable, pero no todo acto de gravedad tiene necesariamente que tener un responsable o un castigo».

El juicio comenzó el día en que se cumplían dos años y seis meses de la masacre, con una enorme movilización, al igual que sucedió durante todo esto tiempo. Al finalizar la audiencia, realizaron una conferencia de prensa junto a los abogados y abogadas de la querella, en cual Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto, señaló: “espero que tengamos una condena ejemplar (…) para que no haya más pibes víctimas de la fuerza policial, para que la sociedad no siga naturalizando estas muertes”. Carmenza Claros, mamá de John, que viajó desde Colombia para presenciar el inicio del juicio, compartió que “ha sido muy duro para mí, él vino a Argentina para tener un futuro. Le doy gracias a todas las madres que me han apoyado cuando yo no estaba acá”. “Yo todavía cada noche dejo un plato pensando que va a volver”, testimonió Alicia González, mamá de Franco Pizarro, “… nos arruinaron la vida, pero siempre supe que vamos a hacer justicia”, agregó Juan Carlos, el papá de Franco.

La masacre de la Comisaría 1ra de Pergamino no es solo un caso de brutalidad policial, sino la expresión de una política de Estado. “Prefiero a los delincuentes amontonados y no liberados”, fueron las palabras de Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad de gobierno de Vidal. Un año y medio después, otra masacre similar se cobraba la vida de 10 jóvenes en la Comisaría 3ra de Esteba Echeverría, el 15 de noviembre de 2018. El sobrepoblamiento de las comisarías y cárceles -donde más de concentra la brutalidad de un Estado y un régimen social que solo ofrece criminalización a la juventud- fue advertido como una grave falla a los derechos humanos hasta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos.

Estas masacres son otra expresión de la doctrina Chocobar que proclama Patricia Bullrich, que ha incrementado el índice de asesinatos por gatillo fácil de uno cada 40 horas, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, a uno cada 22 horas, con Macri. Aquí también la Bonaerense dio cátedra, aquel 20 de mayo, con la fatal persecución que culminó con la muerte de 4 adolescentes en San Miguel del Monte. La lucha contra estos atropellos requiere, entonces, la independencia política del Estado criminal.

Cárcel común perpetua y efectiva para los responsable políticos y materiales de la masacre de Pergamino.