El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, a cargo del juez Javier Ríos, fijó la fecha para el inicio del juicio oral contra el militante del Partido Obrero, César Arakaki, y el militante del PSTU, Daniel Ruiz, para el próximo 25 de noviembre a las 14:.30 horas, en la sede de Comodoro Py. A ambos se los enjuicia por haber participado de las manifestaciones contra la reforma previsional de 2017 y enfrentar cargos por intimidación pública y atentado contra la autoridad. Sobre César Arakaki, además, pesa la figura de lesiones graves en agresión. 

El fiscal a cargo, Juan García Elorrio, bajo la excusa de defender la institucionalidad, se ha propuesto condenar a los compañeros como una advertencia para todos aquellos que se movilizan. Esta línea fue impuesta desde el Ejecutivo Nacional cuando Patricia Bullrich, ministra de Seguridad había advertido que se reprimiría cualquier tipo de manifestación.  

César Arakaki y Dimas Ponce estuvieron bajo prisión preventiva injustificada y arbitraria durante un mes. Daniel Ruiz, por su parte, se mantuvo en esa situación durante más de un año. Mientras tanto, Sebastián Romero sigue siendo perseguido y sobre él pesa una orden de captura internacional.

La criminalización de la movilización popular comenzó el 14 de diciembre, donde se desató una cacería de militantes y una brutal represión desplegada por el aparato represivo del gobierno, que concluyó con la detención de 50 manifestantes. La masiva movilización abrió una crisis en el Congreso de la Nación, logrando que varios diputados se abstuvieran de otorgar el quórum necesario para que se pueda sesionar. Lejos de amilanar la movilización, cuatro días después fueron cientos de miles quienes acudieron a las inmediaciones del Congreso, aquel 18 de diciembre de 2017, contra la confiscación y el saqueo a los jubilados. En esta jornada, nuevamente se reprimió y detuvo a otros 63 compañeros. Muchos de ellos continúan procesados.

Las jornadas del 14 y 18 de diciembre truncaron los planes del gobierno de Mauricio Macri de llevar adelante la reforma laboral. La crisis al interior del conjunto de los gremios llevó a que la propia burocracia de la CGT le quitara la firma al proyecto de ley que estaba en curso.  

Ahora este juicio viene a empalmar con importantes procesos de movilización en gran parte de Latinoamérica, empezando por los que protagonizan el pueblo chileno y boliviano. No es un dato a ignorar que cuando los pueblos se levantan contra las políticas de ajuste y austeridad, en nuestro país se intente condenar a quienes osaron manifestarse contra las mismas injusticias. Por esto mismo se trata de un juicio que concita el interés de todos los luchadores y activistas que defienden las libertades democráticas y por todo el pueblo que lucha contra el hambre, la miseria, el ajuste y la represión en nuestro país.

En América Latina, los trabajadores vienen dando enormes luchas contra el ajuste del FMI y el imperialismo. A este “juicio testigo” contra los trabajadores y su lucha debemos derrotarlo con la movilización popular y con una gran campaña política de pronunciamientos, actos, jornadas de lucha y de solidaridad con los compañeros criminalizados.

• Absolución de Arakaki, Ruiz y todos los luchadores. Basta de persecución a Sebastián Romero.

• Por el cierre de las causas a todos los luchadores criminalizados por la jornada del 18D.

• Abajo el ajuste, la criminalización y la represión.

• Fuera el FMI y los yanquis de toda América Latina.