El pasado viernes 31 de abril la Justicia platense condenó a prisión perpetua a Luis Raúl Ponce, uno de los policías de la Brigada de Investigaciones de La Plata que participaron del secuestro y torturas hasta la muerte de Andrés Alberto Nuñez en 1990,  cuando buscaban que el joven albañil se declarara culpable del robo de una bicicleta.

 

Ponce había estado prófugo por este crimen durante 22 años, hasta que fue capturado en 2012. También había sido identificado por el desaparecido Jorge Julio López como uno de los que participó de su secuestro en 1976. Una síntesis ejemplar de la continuidad de métodos y personal de los aparatos represivos entre la dictadura militar y los sucesivos gobiernos democráticos.

 

Se trata del tercer policía que recibe la condena de perpetua por este crimen, luego de Víctor Dos Santos y Alfredo González. Luego de 26 años del hecho, el reclamo por justicia se ha cumplido solo en parte: queda impune la participación de un cuarto policía que permanece prófugo desde diciembre de 1993 (Pablo Martín Gerez), mientras que cuatro agentes más siendo investigados por encubrimiento (los efectivos Carlos Veiga, Ernesto Zabala, César Carrizo y Pedro Costilla); un ex juez penal de La Plata co-imputado por encubrir el caso (Amílcar Benigno Vara) murió impune en marzo de 2014. 

 

 

El caso

 

“Andrés Alberto Núñez, de 30 años, fue sacado por la fuerza de la casa en la que vivía con su esposa, Mirna Gómez, y una hija que no había cumplido los dos años (…) el 28 de septiembre de 1990 y a partir de esa fecha estuvo desaparecido hasta 1995, cuando su cuerpo mutilado y quemado fue hallado en un campo, en General Belgrano”  (Página12, 1/4)

 

En la sentencia dictada contra Ponce por el Tribunal Oral Criminal II de La Plata, los jueces Raúl Delbés, María Oyhamburu y Claudio Bernard “lo consideraron responsable de los delitos de ‘privación ilegítima de la libertad calificada en concurso real con torturas seguida de muerte en concurso real agravado por haberse cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad’. En el debate se dio por acreditado que en la Brigada funcionaba ‘un aparato estatal destinado a la tortura’ tanto ‘física como psicológica’ con el objetivo de ‘obtener confesiones’” (ídem)

 

Como señaló la agrupación HIJOS La Plata, “por más de 5 años la familia no pudo hallar sus restos, hasta que uno de los policías implicados, José Daniel Ramos, colaboró para beneficiarse en la causa e indicó el lugar de inhumación clandestina en un campo de la localidad bonaerense de General Belgrano.” (Indymedia, 6/3).

 

 

Mismo personal

 

En el caso de Jorge Julio López, el albañil desaparecido dos veces (en la dictadura y actualmente en democracia) había señalado dos veces, con nombre y apellido, a Ponce como partícipe de su secuestro en 1976 y como quien lo transportó en varias ocasiones por diversos centros de detención clandestina.

 

Procesado en la causa federal n° 271 por el secuestro y por ser “integrante de la patota de la Comisaría 5ta de La Plata en dictadura”, y confirmado el procesamiento “por la Cámara Federal platense, la acusación se cayó por responsabilidad de los fiscales federales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, que no sostuvieron los cargos con el cínico argumento de que los datos eran confusos y que el testigo López no podía reafirmar sus dichos, ya que se encontraba nuevamente desaparecido” (ídem) –los mismos fiscales que luego fueron instructores de la causa por la segunda desaparición de López en 2006.

 

A su turno, los abogados defensores de Ponce en el caso de Nuñez,  Oscar Salas y Christian Romano, defenderán también a un asesino de la CNU La Plata, Juan José “Pipi” Pomares, “en una causa por delitos de Lesa Humanidad a la espera de juicio en mayo próximo en el Tribunal Federal 1 de La Plata” (ídem).

 

Seguiremos luchando para que ningún crimen perpetrado por las fuerzas de seguridad del Estado quede impune.