El próximo 24 de Marzo el Partido Obrero llama a movilizarse bajo la consigna: “30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs, presentes. No al acuerdo del Gobierno con el FMI“. Así convocamos a las 15 horas, desde Colón y General Paz, para marchar hacia la zona del Patio Olmos.

A 46 años del golpe cívico militar eclesiástico levantamos la consigna construida por el Encuentro Memoria Verdad Justicia. Sobran los motivos para impulsar en Córdoba una jornada independiente, de lucha contra la represión e impunidad de ayer y de hoy, y contra el ajuste de todos quienes gobiernan al servicio de cumplir con el FMI.

Si la dictadura militar argentina secuestró, torturó, asesinó y desapareció a 30 mil personas, para implantar un régimen que endeudó y empobreció al país, quienes gobernaron en democracia continuaron pagando una deuda usuraria que es una hipoteca que se descarga sobre el pueblo trabajador. Por eso, la consigna de este año, que denuncia el acuerdo con el Fondo, un organismo que financió la dictadura genocida, no podía ser más oportuna; marchar contra el pacto del gobierno nacional y el macrismo con el FMI es un acierto en toda la línea. El pacto también fue votado por los congresistas que responden al gobernador Juan Schiaretti, quienes afirmaron que votaron positivamente un acuerdo gravoso para el país para evitar la cesación de pagos. Sin embargo, el pacto no resuelve el problema de la deuda, apenas posterga los pagos; y va asociado a un monitoreo trimestral de las cuentas y a la implementación del ajuste y los tarifazos.

Este acuerdo colonial da cuenta que, para los partidos políticos patronales, someter al pueblo trabajador al pago de la deuda fraudulenta es una política de Estado. Esto también alcanza a la fracción del gobierno que responde a la vicepresidenta, ya que la abstención o el voto negativo de sus diputados constituye apenas una maniobra para tratar de no cargar con el costo político que traerá la aplicación de las medidas exigidas por el Fondo. El kirchnerismo no tiene intención de romper con el FMI. Finalmente, Cristina Fernández se declaró pagadora serial de la deuda ilegitima.

La continuidad del pago de la deuda traerá como consecuencia un mayor ajuste sobre la población trabajadora, en momentos en que la provincia de Córdoba tiene altos índices de pobreza e indigencia. Según un cálculo publicado el 12 de marzo en Perfil, “en sólo 2 años creció 270% la cantidad de familias que no pueden cubrir sus necesidades alimentarias”. Sin dudas, lo señalado es consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo del pueblo trabajador. Es claro que las patronales y quienes gobiernan aprovecharon la pandemia para bajar el “costo laboral”. Por eso, crece la violencia de la falta de un plato de comida en las barriadas populares.

En este cuadro, actúa un aparato represor provincial que intervino reprimiendo en plena pandemia, desalojando ocupaciones de tierra, intentando regimentar la protesta social, y persiguiendo a la juventud. De toda esta orientación represiva, el gatillo fácil es una consecuencia fatal e impune, puesto que son contados con los dedos de la mano los casos en los que las familias le arrancaron la condena a quienes tiraron a matar. Y aquí vale señalar que una vez producido el crimen actúa todo un aparato de encubrimiento que es integrado no solamente por la Policía, sino también por un Poder Judicial cómplice.

El gatillo fácil es toda una cadena de responsabilidades políticas, que la carátula de “violencia institucional” deja de lado. Puesto que, bajo esta denominación, los asesinatos en manos de agentes de la fuerza de (in)seguridad se presentan como resultado de un problema interno de la institución.

Sin embargo, con cambio de cúpulas, y protocolos, la Policía sigue siendo parte de toda una serie de delitos organizados, como el robo de autos, la trata y el narcotráfico. A lo señalado hay que agregar que hay siete policías detenidos por robar a otros uniformados, en la causa popularmente conocida como “Zoe Azul”. Además, en esta investigación está imputado y prófugo un sargento. Hay que agregar que en la causa “Generación Zoe” hay policías detenidos por encubrimiento. Delitos de magnitud no pueden llevarse a cabo sin la participación estatal.

Otro ejemplo de descomposición e impunidad de las fuerzas policiales está expuesto en el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa; van a juzgar a un “perejil”, cuando en el banquillo de los acusados deberían estar el poder político, judicial, y otra vez, la Policía, según denunció la querella.

En este marco, el próximo 24 de Marzo marcharemos de manera independiente, porque no olvidamos que al FMI lo trajo el golpe cívico militar de 1976. No perdonamos a los crímenes de Estado de ayer, por eso exigimos la cárcel común para todos los genocidas, apertura de todos los archivos desde 1974 a 1983. No nos reconciliamos con el aparato represivo, planteamos su desmantelamiento.

A 46 años del inicio de la última dictadura, el mejor homenaje es continuar la lucha conscientes de que la memoria es memoria si es presente: abajo el pacto del gobierno y el macrismo con el FMI.