De la Sota ha profundizado su política represiva en la provincia de Córdoba. Durante el primer fin de semana de mayo lanzó un gigantesco operativo policial que se concentró sobre jóvenes y barriadas obreras y terminó con la detención de más de 350 personas. Tomaron parte más de mil quinientos policías y se cometieron todo tipo de atropellos. Las víctimas denuncian allanamientos ilegales, golpizas reiteradas, encarcelamientos indignos sin agua y con esposas en la espalda durante horas, entre otras.

El gobierno defendió el operativo, aduciendo un supuesto combate contra el delito. El candidato oficialista Schiaretti prometió intensificar esta política con la incorporación de 5.000 nuevos efectivos a la ya abultada policía provincial. Varios medios enfocaron a la razzia como una iniciativa de campaña electoral ligada al planteo de la seguridad.

Es evidente que el operativo responde a la campaña electoral, tanto de De la Sota como de Schiaretti, pero la cuestión supera ampliamente el debate sobre la seguridad. Se trata de una tendencia de fondo del sistema capitalista y de los candidatos del ajuste; que no es otra cosa que reforzar el aparato represivo estatal para aplicar un ajuste fenomenal y marchar a la devaluación de la moneda. El índice de desocupación provincial es el más alto del país y afecta principalmente a la capital.

El planteo va dirigido a la clase capitalista, que en una parte importante en Córdoba, abandona a De la Sota para alistarse con Macri. De todos modos, quien más ha llevado a fondo esta posición es el candidato kirchnerista, Scioli, quien desarrolla su campaña presidencial con la militarización de la provincia de Buenos Aires como estandarte principal.

La respuesta

Rápidamente, la población cordobesa sacó las conclusiones del caso y una movilización de seis mil compañeros se dirigió a la Casa de Gobierno a reclamar el fin de las razzias, la derogación del Código de Faltas y la renuncia del jefe de policía. No podía ser de otra manera, en nuestra provincia el movimiento contra la represión policial organiza año tras año la llamada “Marcha de la gorra” que en 2014 convocó a más de diez mil compañeros. También en 2014, una movilización a la Legislatura impulsada desde la bancada de Cintia Frencia, rechazó las maniobras de suplantar el Código de Faltas, por un “código de convivencia” consensuado entre el PJ, la UCR, los K y el juecismo.

Frente a las razzias y movilización popular???????, Aguad el candidato de UCR-PRO-juecismo se pronunció por darle más operatividad a la policía, en una muestra cabal de que está a fondo con el planteo derechista y que es parte del régimen de impunidad que rige en la provincia. Accastello, el candidato K, desarrolla una manipulación enorme al plantear que derogará el Código de Faltas, cuando en Villa María es profusa la represión policial, activada por la Vecinos autoconvocados contra los abusos policiales (Vacap).

De la Sota, Aguad y Accastello forman parte del aparato político-judicial-policial que regimenta la vida de los cordobeses. Ese aparato tiene ya un carácter mafioso, se encuentra entrelazado a la organización del delito -en particular el narcotráfico y la trata. Los hechos delictivos que más resonaron en el último tiempo involucran a policías y funcionarios políticos y judiciales, como son el procesamiento de la “narcopolicía”, el acuartelamiento, los casos CBI y Kolector, o los asesinatos de Sánchez y Castaña en Carlos Paz, centro de la guerra que existe por el control de la ruta 38 (ruta de la droga).

El accionar de esos aparatos conspira contra la seguridad y los derechos de la población trabajadora. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda han sido la única fuerza política que lucha por el desmantelamiento del aparato represivo y la anulación del Código de Faltas, y contra la criminalización de la juventud, que tiende a encubrir el carácter mafioso y represivo de esos aparatos. Llamamos a desplegar a una gran movilización popular para enfrentar la represión del Estado capitalista y los políticos patronales. Planteamos la convocatoria de una asamblea provincial y el desarrollo de un plan de lucha.