La denuncia pública efectuada por el juez de instrucción contra funcionarios de la policía provincial de Córdoba y el legislador provincial Luis Medina Allende, mano derecha del gobernador Angeloz, alegando que actúan para obstruir la investigación del asesinato del senador radical Regino Maders, ocurrida en setiembre de 1991, ha abierto una gruesa crisis política en la provincia.

Según denuncian sus familiares y amigos, el “caso Maders” es un crimen político relacionado con la privatización de la empresa provincial de energía (Epec). Maders —ex directivo de Epec— habría estado investigando contratos leoninos firmados entre la empresa y un grupo de contratistas beneficiados con el proyecto de “privatización” impulsado por Angeloz. Una denuncia presentada ante el juzgado (“Informe Llorens”) “evalúa la posibilidad de que Maders, siendo gerente de producción de Epec, haya advertido los sobreprecios cotizados por la empresa Baico para la reparación de la central Bazán, considerada la más importante del ente provincial ya que aporta el 20% de la energía generada por Epec”. Entre estos sobreprecios se destaca “el pago de más de un millón de dólares por los cuatro motores de arranque de los turbo-gas, cuando el precio de cada uno es de 48.000 dólares… Esa misma apreciación tuvo el Sindicato de Luz y Fuerza provincial, que entregó un escrito al gobernador Angeloz en que detallaba sobreprecios de hasta cinco veces su valor real, en conexiones y reparaciones de usinas… El gremio afirmó que se hizo entrega de energía a empresas que tienen como directivos a funcionarios de Epec y del gobierno provincial” (Diario de Río Negro, 18/3). Según el “informe Llorens”, los curros en la distribución de energía explicarían “otro asesinato ocurrido a los 36 días del de Regino Maders: el de un empleado de apellido González, funcionario de medidores y conexiones, amigo y colaborador de Maders, quien habría detectado una ‘pandilla’ que conectaba medidores truchos” (ídem). El informe entregado a la justicia afirma que “Baico, a través de otras empresas que integran su grupo, logró no sólo el contrato de rehabilitación de la central Bazán, sino también la concesión para la explotación de la usina, quedando en una posición inmejorable para quedarse con la principal usina de base de Epec, la central Zanicheli Pilar, que aporta un 50% de la energía generada por el ente” (ídem).

Siempre según los familiares, Maders habría informado a Angeloz de sus investigaciones poco antes de ser asesinado, lo que fue confirmado por Luis Segré, ex secretario de Audiencias de Angeloz (Ambito Financiero, 3/8). El “informe Llorens” señala que “en la sesión de la Legislatura de Córdoba del 4 de setiembre de 1991, Maders manifestó  que ‘tenía todos los documentos para probar los enormes ilícitos de Epec, pero para no perjudicar a su partido los iba a publicar después de las elecciones’, siendo asesinado la noche del 6 de setiembre, día de cierre de la campaña electoral” (Río Negro, 18/3). Por este motivo, los familiares de Maders señalan directamente al gabinete de Angeloz y al propio gobernador. Su “operador político” en la Convención que reformó la constitución provincial para permitirle la reelección, Luis Medina Allende es acusado de haber armado junto con funcionarios policiales una red de “contrainteligencia” para impedir la investigación.

Después de un año de investigaciones, el juez ha descartado la hipótesis de un “crimen pasional” y también la de “robo”. La tesis es un “asesinato por encargo”, el que sería la consecuencia de una lucha de camarillas para quedarse con el botín de la energía. En tal sentido “se logró descubrir que el abogado penalista de la empresa Soinco (una de las integrantes de Baico) es el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, ex constituyente, ex ministro de Gobierno, ex presidente de la Cámara de Diputados y actual ministro de Asuntos Sociales de la provincia, José Caferata Nores… Otro abogado de esa firma fue el funcionario de la fiscalía y actual director de Epec Jose Manuel Juárez Torres… Los socios de la empresa Ormas (también integrante de Baico) son un ingeniero de apellido Bobadilla, ex ministro de Comercio Exterior del gabinete de Angeloz, y el ingeniero Loustau, hermano del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia” (ídem). Precisamente, Caferata Nogués encabezó una comisión oficial de investigación del crimen que dictaminó que el hecho obedeció a “móviles no políticos”…

Menem ha “nacionalizado” el caso al enviar a la provincia a César Arias para “interiorizarse” de las investigaciones y “solidarizarse” con el juez, y al recibir en la Rosada a los familiares de Maders. El menemismo no pretende, naturalmente, descubrir a los asesinos de Maders; utiliza su cadáver, simplemente, para “tener agarrado” a Angeloz y a toda la UCR. El menemismo sabe que está jugando con fuego y que podría desatar, como un bumeran, una catarata de denuncias de los radicales acerca de los chanchullos políticos, económicos y de los otros, del gobierno y sus “amigos”. Precisamente por esto, desde el gobierno se desmintieron inmediatamente las versiones de una potencial intervención federal a la provincia.

Pero si las intenciones de Menem no son poner a los culpables del asesinato tras las rejas, ¿qué decir del alfonsinismo al cual pertenecía Maders? De entrada, el alfonsinismo desmintió conocer las investigaciones de su correligionario y, poco después, sello un acuerdo electoral con el angelocismo en la provincia de Buenos Aires. La Juventud Radical y la Franja Morada están paralizadas y en silencio. La cadena de interesados en que el crimen de Maders no sea esclarecido, como se ve, es bastante larga.