Córdoba: otro policía detenido por robo

El derrotero de una institución descompuesta.

La prensa cordobesa se hace eco de otro hecho que pone de relieve la descomposición del aparato represivo del Estado. El oficial Miguel Ángel Bazán (de 39 años) fue detenido como partícipe de un robo de un domicilio en el barrio Los Cerritos, en Villa La Bolsa, el pasado 25 de julio. El agente se encontraba sin prestar servicio por estar presuntamente involucrado en un robo basado en un simulacro de operativo policial.

Hay varias personas detenidas por el hecho, pero no toda la banda delictiva. Uno de los apresados es el anfitrión del inmueble donde sucedió el siniestro cuando se realizaba el evento privado. También están detenidos un amigo suyo, un familiar y el oficial de policía, según informa el fiscal de Alta Gracia.

Una testigo declaró a Cadena 3 que “todo sucedió durante un asado. En la reunión aparecieron varios delincuentes armados, algunos vestidos como policías, quienes de manera violenta redujeron a los presentes y les llevaron celulares, dinero, joyas y dos autos importados”. Bazán formaba parte de ese grupo delictivo, poliladron. “Da mucha bronca”, agregó.

No es un hecho aislado. La Policía de Córdoba viene de ser partícipe de una serie de hechos aberrantes desde el inicio de la cuarentena. El crimen de Blas Correa, seis casos de gatillo fácil, hechos de narcotráfico, abusos policiales y la represión a las movilizaciones de choferes de UTA y a trabajadores municipales. La política del PJ ha sido la de instalar un Estado policial, reforzando los recursos de un aparato represivo que viene quedando expuesto por su participación de larga data en el delito.

Tras el crimen de Blas, la pregunta “¿Por qué la población no confía en la institución?” suscitó debates. El jefe de policía afirma que hay una “mayoría de buenos policías” y llama a una reconciliación. Sin embargo, la sumatoria de hechos delictivos en los que están involucradas las fuerzas de (in)seguridad nos permiten sacar la conclusión de que el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, se desarrollan con garantía policial. Por eso los protocolos, los cambios de las cúpulas y las “reformas” del gobierno no brindaron ninguna solución en el pasado. El Estado provincial, el gobierno del PJ, es responsable por los actos de la institución.

Lo que desde arriba se descompone, plantea la necesidad de una intervención y una organización desde abajo. Esa es la condición para solucionar los problemas que plantea el ajuste y la represión. En ese sentido el 19 de septiembre realizaremos un gran plenario nacional antirrepresivo junto a organismos de derechos humanos, porque más que nunca es necesario un plan de lucha nacional: para que se vaya Berni, ponerle un freno a los casos de gatillo fácil y a la impunidad, por el desmantelamiento de los aparatos represivos nacionales y provinciales.

El ajuste y la represión que profundiza el gobierno deben tener una respuesta por parte de los trabajadores y la juventud, apoyando el reclamo de justicia de familiares de las víctimas de los abusos y delitos policiales. Vamos con toda nuestra fuerza a debatir un plan de acción al plenario nacional antirrepresivo.