Córdoba: protesta y represión en el penal de Bower

El FIT presentó iniciativa parlamentaria para atender esta emergencia.

Los internos del penal de Bower realizaron una protesta en el día de ayer en demanda de mejores condiciones de detención, luego de que un interno de 81 años falleciera en el módulo 2 por no recibir atención médica correspondiente.


La medida fue violentamente reprimida por integrantes del grupo de infantería que de momento retomaron el control de los pabellones. Sin embargo, la protesta continua con una huelga de hambre y la situación es de tensión. Presos de la cárcel de Villa María se suman a los reclamos. Ninguna autoridad del Estado brindó una salida a una situación de crisis que se agudiza.


Con la cuarentena la miseria de las personas privadas de libertad empeoró. Familiares de internos dan cuenta que a la falta de personal médico, preexistente a la pandemia, ahora se llega al extremo de retirar al personal encargado de la coordinación de medicamentos. Aquellos privados de libertad que contrajeron tuberculosis dentro del penal no son atendidos, como tampoco quienes padecen VIH.




Organizaciones independientes de DDHH realizaron reclamos y presentaciones que no son respondidas por el poder judicial. Solicitaron que se de prisión domiciliaria para las mujeres con niños, o que estén embarazadas; también solicitaron la misma medida para personas enfermas, y para aquellas personas que cumpliendo condena aún permanecen presas. También se presentaron habeas corpus, y se pidió la presencia de los jueces de ejecución. Todos estos pedidos permanecen sin respuesta.




En este marco, el Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley, estableciendo una respuesta para garantizar los derechos de quienes están privados de su libertad, donde reclama que se declare el estado de alerta carcelaria por superpoblación y hacinamiento poblacional en las cárceles; una partida presupuestaria extraordinaria para el cumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad sanitaria; y el cumplimiento inmediato de las prisiones domiciliarias para las mujeres embarazadas o en período de lactancia, y madres de hijos menores de 5 años. Desde la banca de izquierda se reclama que se debata en Legislatura esta situación de crisis y todas las demás que dieron un salto con el desarrollo de la pandemia.


El Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo se están negando a todo tipo de pedido que garantice condiciones elementales establecidas por ley, mientras concede prisión domiciliaria a genocidas, y sindicalistas corruptos ligados al poder. Queda expuesta la justicia de clase de un Estado descompuesto.