Córdoba: represión, espionaje y criminalización de la protesta

El gobierno de la provincia de Córdoba, junto a la Justicia, pretenden ilegalizar la protesta social.


Luego de la protesta realizada el viernes 8 en el Concejo Deliberante de la ciudad capital, contra el recorte salarial del 15% a los municipales que se votara ese día, el Ministerio público fiscal diseña imputaciones para las y los manifestantes. Según canal 12, “la justicia ya habría identificado a 50 personas que participaron” de la marcha.


Ya la convocatoria de Suoem (gremial municipal) había sido respondida con la militarización del Concejo Deliberante de la capital en la mencionada movilización del). En esa ocasión, corresponsales de Prensa Obrera pudieron identificar a dos policías de civil que sacaban fotos entre los trabajadores.



Se trata de un caso testigo de la orientación que el gobernador Juan Schiaretti aspira a llevar adelante: ajuste y represión.


Mientras el gobierno habilita a toda la industria a volver a producir sin ningún control, su policía reprime cualquier expresión de protesta social y mantiene a punta de pistola la regimentación de los barrios. En los últimos días se reprimió salvajemente a los trabajadores de Jesús María, y lo mismo sucedió con una protesta de repartidores. La policía atacó e impidió una asamblea en la planta de Bagley, Además, se realizó un despliegue inusitado de fuerzas contra una concentración del Polo Obrero>; también se impidió una olla popular de la gremial de transporte, Aoita, y se encarceló a comerciantes que protestaban.


En estas tropelías hubo detenidos, entre ellos menores y compañeros que sufrieron lesiones físicas. Schiaretti pretende imponer un estado de sitio contra los trabajadores y su organización, con la venia de la justicia adicta. Es lo que quedó claro cuando el comisario Gonzalo Cumplido, que se pavonea por la ciudad como un sheriff, le dijo a los compañeros del Polo Obrero: “se van ya o van todos detenidos, tengo directivas expresas del fiscal general, no hay ninguna probabilidad de asamblea, de cortes, ni nada”.




 


Se trata del mismo comisario encargado del operativo contra la movilización de los trabajadores municipales, reconoció la existencia de espionaje en una entrevista a Cadena 3: “nosotros sabemos todo lo que pasa en las redes sociales. Hay un área especializada de la policía que analiza permanentemente todo lo que puede ser en materia de reclamos”.


 


El cercenamiento del derecho a la movilización y a la actividad gremial nada tiene que ver con la protección sanitaria de la población. El derecho a huelga tiene rango constitucional: si un trabajador tiene la obligación de trabajar, también debe reconocerse sus derechos como salario, condiciones dignas de trabajo y, por supuesto, libertad sindical para reclamar y luchar. La intromisión del Estado en la organización sindical de los trabajadores es a todas luces ilegal y autoritaria.


Para todo el movimiento popular, es menester derrotar esta política de criminalización de la protesta.

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