Ayer se desenvolvió, en la ciudad de Córdoba, una nueva jornada de movilización en el marco de la marcha nacional en contra del gatillo fácil. La manifestación comenzó alrededor de las 16 h., con una gran convocatoria de familiares de víctimas y organizaciones de lucha independientes.

Esta nueva jornada de lucha contra la represión y violencia de los aparatos policiales a lo largo y ancho del país se desarrolló en un contexto particular. Con la pandemia, el Gobierno de la provincia de Córdoba impulsó una política tendiente a imponer un Estado policial. Con la creación del COE se ha llevado adelante un reforzamiento de la represión a las luchas obreras y populares. La manifestación más brutal de esta orientación han sido los crecientes casos de gatillo fácil.

Así se manifestó en el documento leído al finalizar la marcha: “En los estos últimos 5 meses, solo en Córdoba hubo más de 30.000 detenciones arbitrarias y 8 casos de gatillo fácil. En todo el país son más de 90 asesinados por las fuerzas de “inseguridad” desde el inicio de la cuarentena”.

Vale señalar que los casos de gatillo fácil son precedentes a la pandemia y que en su gran mayoría se encuentran impunes. Es decir que el asesinato de les pibes es realizado por un aparato de (in)seguridad descompuesto, amparado por la Justicia. Por eso en el documento se señaló que: “Seguimos repitiendo que nuestras causas siguen siendo cajoneadas, que la impunidad también se sostiene desde el poder judicial donde los fiscales y jueces intentan hacer pasar como defensa propia los asesinatos. Nuestras causas no avanzan o los procesos son mucho más lentos y largos y para obtener justicia debemos llevar adelante una lucha interminable.”

El citado documento expresó un planteo que llama a continuar la lucha: “que no nos vamos a conformar con que cambien las cúpulas policiales. Que vamos a seguir saliendo a las calles denunciando este estado policial que nos mata a lxs pibxs.”

En ese sentido, la consigna del desmantelamiento del aparato represivo es una necesidad, pues se trata de una institución que no se puede democratizar, está podrida. Son numerosos los ejemplos que ilustran esta definición: quienes asesinaron a Blas tenían causas abiertas en la justicia y sin embargo seguían patrullando como si nada. Además, Gonzalo Cumplido, uno de los comisarios encubridores ya participó en la impunidad de otros casos de gatillo fácil, como el asesinato de Rodrigo Sánchez, 5 años atrás.

Es necesario reunir la fuerza para organizar un plan de lucha que conquiste la justicia y termine con la impunidad. Va en ese sentido, el llamado a un plenario nacional antirrepresivo.

La UJS y la Juventud del Polo Obrero organizaron una gran columna que participó de la movilización para denunciar al gobernador Juan Schiaretti como máximo responsable del hostigamiento y la represión a las tomas de tierras, y del abuso policial en las barriadas populares.

Las organizaciones kirchneristas volvieron a faltar a la cita. Sus compromisos con quienes gobiernan las atan de pies y manos para movilizarse, en momentos en que es más necesario que nunca activar y levantar la consigna “fuera Berni”, por la responsabilidad que le cabe en la desaparición de Facundo Castro.

A 6 años de iniciada la Marcha Nacional, acompañamos a las madres y familiares víctimas de gatillo fácil y junto a ellxs decimos:

-Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más.

-Basta de gatillo fácil.

-Justicia por los pibes.

-Basta de asesinatos y torturas en cárceles y comisarías.

-Aparición con vida de Facundo Astudillo Castro.

-Basta de desaparecidxs en democracia.

-No a la baja de edad de imputabilidad.

-No queremos milicos en las calles.

-Abajo la ley antiterrorista.

-No a la criminalización de la protesta.

-Libertad a lxs presxs políticos.

-No son casos aislados, son políticas de Estado.

-La deuda es con el pueblo.

-En contra del acuerdo de pago de la deuda.

-Desmantelamiento del aparato represivo.

-El Estado y los gobiernos son responsables.