En un fallo contundente por sus críticas al accionar de Ministerio de Seguridad, la Cámara Federal de General Roca dispuso prisión preventiva para el prefecto Francisco Pintos, acusado del crimen de Rafael Nahuel, y dictaminó el cambio de carátula de la causa de “homicidio en la legitima defensa” a “homicidio agravado”.

Rafael Nahuel fue asesinado el 25 de noviembre de 2017 de un tiro en la espalda durante un operativo de Prefectura en Villa Mascardi. En ese momento, y a pesar que testigos y pruebas indicaban exactamente lo contrario, desde el Ministerio de Seguridad lanzaron la versión de que los prefectos habían sido sorprendidos y atacados por un grupo mapuche, armado con armas de fuego y lanzas. Según la versión de Bullrich, los prefectos dispararon en defensa propia, hiriendo de muerte a Rafael Nahuel. Esta “explicación” fue sostenida ante la justicia por los Prefectos, estructurada con pruebas paralelas y defendida públicamente por las máximas autoridades del Gobierno nacional. En ese camino había avanzado la causa hasta este fallo, dictado en la tarde del 15 de mayo.

El tribunal rechaza la apelación presentada por el prefecto Pintos, sostiene que “no existía prueba en autos para concluir que la patrulla de la Prefectura Naval tuvo el enfrentamiento que narraron sus integrantes, agregando que tampoco hay elementos para afirmar que fueron agredidos con armas blancas y de fuego”. Ante la falta de agresión que justificara “legítima defensa” y el grupo diminuto de personas que fue atacada por los prefectos “sin que nadie los hubiera provocado”, definieron el cambio de carátula. A su vez, agrega que el relato de los prefectos no está respaldado con pericias (por el contrario, sostiene que es “una patraña”) y que se encontraron en ocho lugares diferentes, de manera ascendente por la montaña, vainas de armas de las fuerzas de seguridad, coincidente con una cacería.

El fallo expresa claramente que fueron los prefectos “quienes iniciaron la provocación disparando de manera arbitraria e ilegal” y rechaza la supuesta falta de certezas sobre la procedencia de la bala que causó la muerte de Rafael Nahuel, argüida por el Gobierno, plantea que la pericia de Gendarmería fue interesada y confirma que la bala fue disparada por el arma del prefecto Pintos, como había demostrado “de manera categórica” la pericia inicial.

Pero el fallo avanza más allá de las cuestiones probadas técnicamente y da cuenta de una operación armada desde el Ministerio de Seguridad para encubrir las responsabilidades de las fuerzas de seguridad en el crimen de Rafael Nahuel: demuestra que Pintos, en su defensa, siguió un guión escrito por Patricia Bullrich. Su declaración, sostiene el fallo, “constituye la secuela precisa y planificada de un guión al que se atuvo con la mayor estrictez que le fue posible, instalando la teoría de que hubo una emboscada en la que los prefectos fueron rodeados […]”. En ese sentido, el tribunal llama la atención sobre la intervención activa del Ministerio de Seguridad “en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial”, sostenido “no con la mesura, la distancia y el respeto por la división de poderes que exige la República, sino con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las causas judiciales, sus tiempos ni las decisiones de los magistrados y entonces, antes de que las pesquisas avancen lo suficiente como para echar mínima luz sobre los sucesos, se publican declaraciones del más alto nivel cuestionando a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y llanamente, sentenciando —mediáticamente— que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes”. El fallo agrega que el asesinato de Rafael Nahuel es consecuencia de “una política de seguridad”. De seguir esta línea hasta el final, Patricia Bullrich debería ser imputada y condenada por encubrimiento y la utilización de recursos estatales para desviar la investigación de las responsabilidades en esta causa.

Esta resolución es un aporte para continuar la lucha por el castigo a los responsables no solo materiales sino también políticos de la muerte de Rafael Nahuel. Asimismo, para que caiga el encubrimiento estatal y quede demostrada que tanto la muerte de Rafael Nahuel como la de Santiago Maldonado son responsabilidad del reforzamiento represivo y de una campaña política y de criminalización contra la población mapuche en la zona, que se ejecuta en favor de intereses petroleros y mineros, de uno y otro lado de la cordillera.

Sigamos luchando por justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. ¡Fuera Bullrich! El gobierno es responsable.