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El 12 de septiembre organismos de derechos humanos fuimos recibidos por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, en respuesta a un pedido de audiencia solicitado por Encuentro de Memoria Verdad y justicia.

Le hicimos entrega del Informe sobre Criminalización de la Protesta 2001-2012 elaborado y publicado en marzo pasado por la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos Apel, Cadhu, Ceprodh, Liberpueblo y Correpi, entre otros. En este informe, se detalla puntillosamente el escandaloso ascenso de la criminalización de la protesta en el país. Y sobre todo el alarmante aumento de muertos por luchar.

La persecución, judicialización, militarización se dirige principalmente contra los reclamos sindicales que representan el 31,6% y las luchas por tierra y vivienda con el 31,4% del total de 2268 compañeros criminalizados. Severamente se acrecentó en las manifestaciones contra la megaminería contaminante y pueblos originarios.

Desde 2001 a marzo de 2012, hubieron 72 compañeros asesinados por luchar. En 2010 se produjeron diez muertes, cinco durante 2011 y, hasta marzo de 2012, hubieron cuatro asesinatos.

Se refleja en los datos relevados por el informe que el estado no da respuesta a los reclamos por los derechos más básicos y elementales agudizando su política de persecución y criminalización.

Lorenzetti se comprometió a hacerle llegar copia del informe a cada uno de los Ministros de la Corte. El gobierno que se autodenomina abanderado de los derechos humanos descarga con todo su peso el aparato judicial para perseguir la protesta social que se desarrolla a diario. Ese Aparato va de la mano con el aparato represivo y las patotas, que buscan aleccionar a los trabajadores y luchadores sociales introduciéndolos en una política del miedo.

Destacamos que una de las manifestaciones de esta política estatal de criminalizar a los luchadores tiene su caso paradigmático en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, en tanto y en cuanto se ve patente la tercerización de la represión mediante la utilización de patotas que responden a la burocracia sindical y empresarial.