Daniel Solano, tres años


Este 5 de noviembre se cumplieron 3 años de la desaparición forzada de Daniel Solano, el joven trabajador salteño desaparecido por luchar contra la explotación, tercerización y persecución laboral, en un caso de complicidad política, judicial y policial.


Solano, de 27 años, había viajado en octubre de 2011 desde su Salta natal hacia la provincia de Río Negro, contratado por la empresa tercerizadora Agro Cosecha S.R.L para trabajar como «golondrina»- es decir de forma temporal y extremadamente precaria- en la cosecha de manzanas de ExpoFruit, una de las multinacionales más importantes de la industria. Al poco tiempo, percibiendo las terribles condiciones laborales a las que los sometía la empresa y viendo el quietismo del sindicato, decidió organizarse junto a sus compañeros para reclamar contra la superexplotación, la discriminación y el hacinamiento a los que eran sometidos; tras lo cual una serie de amenazas y hostigamientos hacia la integridad física del joven salteño por parte tanto de la patronal como así también del sindicato comenzaron de forma incesante.




Solano fue visto por última vez el 5 de noviembre de 2011 en un boliche de la localidad, cuando era sacado por la policía provincial: la misma policía que se encargaba de controlar los galpones en los que residían hacinados los trabajadores tercerizados, en condiciones paupérrimas de seguridad e higiene, careciendo completamente de servicios. Luego de 3, años, Daniel Solano continúa desaparecido.


La complicidad del Estado y del poder judicial es insoslayable, a tal punto que los colectivos y camiones donde los trabajadores «golondrina» eran trasladados como ganado traspasaban todos los controles policiales mediante coimas y arreglos con los organismos estatales tanto de la provincia de origen como así también con los del destino. Por otro lado, el fiscal del caso pidió detener a los 7 policías imputados en la misma comisaría donde se cometió el delito e investigarlos por separado de los empresarios y funcionarios políticos y judiciales involucrados tanto en la desaparición como así también en los arreglos con las empresas tercerizadoras, cuando es claro que se trata de un crimen de conjunto.


La complicidad empresarial, sindical, política, judicial y policial no es ninguna novedad, y repite los sucesos del asesinato de Mariano Ferreyra. Tercerización y precarización laboral, persecución a quienes se organizan, vaciamiento, esclavitud y trata de trabajadores, y encubrimiento estatal y policial.

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