De Jujuy a Santa Cruz, en la “mano dura” no hay “grieta”

Dos extremos del país, Santa Cruz y Jujuy, dos gobiernos de color diferente, Alicia Kirchner (PJ-FpV) y Gerardo Morales (UCR-Cambiemos) actúan contra el activismo y contra nuestro partido como dos gotas de agua en la persecución política.


Hace un par de meses que el gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz impulsa una causa contra dirigentes sindicales y de izquierda que participaron  de una movilización frente a la Residencia Oficial de la Gobernación en Río Gallegos en abril de 2017.


Testimonios policiales tomados un año y medio después de los hechos, en noviembre de 2018, han sido usados como base para focalizar la atención en esta causa contra dirigentes del Partido Obrero. La investigación ha sido “promovida” con grandes titulares en medios oficialistas, que la hicieron tapa en cuatro oportunidades.


Ahora, en Jujuy, es Gerardo Morales quien ha impulsado también varios meses después de ocurrida una movilización ante la legislatura jujeña un proceso “contravencional” contra organizaciones e izquierda, y no solo contra individuos sino como persecución directa contra el Partido Obrero y otras fuerzas de izquierda.


A nivel nacional esto tiene su correlato en la interminable gira de Berni (el ex ministro de seguridad de Cristina) por todos los medios de difusión compitiendo con Bulrich en la defensa de las medidas de “mano dura”. Berni dio su apoyo a la compra de las pistolas “Taser”; luego  apoyó  las represiones contra los cortes (y reivindicó las represiones propias de su gestión como secretario de Seguridad K) y, en  general, estuvo de acuerdo con todas las medidas que legalizan el “gatillo fácil”.


De Berni a Alicia, y de Bullrich a Gerardo Morales, queda claro que los une una línea de represión y judicialización de las protestas, que se anticipa a los inminentes conflictos de masas que plantea el plan de ajuste en curso, tanto en el país como en cada provincia.


La lucha por las libertades democráticas y por la defensa del derecho a la protesta no puede subordinarse a los partidos que gobiernan y han gobernado, porque se encuentran en un franco giro derechista en este plano.


Que lejos han  quedado las pretensiones democratizantes de los K en tiempos del caso Maldonado… La militancia democrática debe sacar sus propias conclusiones.


Cese de la persecución contra los luchadores en todo el país.