Casi en paralelo con la muerte de Emilio Massera o quizá por ello, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de la Procuración General de la Nación produjo un informe sobre el estado de situación de las causas por violaciones a los derechos humanos consumadas por la dictadura militar.

El relevamiento actualiza las cifras de personas juzgadas, condenadas, procesadas y detenidas a octubre de 2010. Los datos son implacables: sólo 41 condenas están firmes luego de juzgar a 145 personas. De los 464 que están detenidos, un 37,5% están en sus domicilios dada su edad o sus dolencias. Aunque el informe no se detiene en este punto, los procesados son casi con exclusividad miembros de las fuerzas armadas o de seguridad: no existen causas contra miembros del clero o de la “burguesía nacional” que recurrió al establecimiento de la dictadura militar para preservar su dominación social.

Además, “bajó la cantidad de represores presos por el notable incremento de excarcelaciones dispuestas en los últimos meses por varios tribunales”, lo que anticipa el fin de este limitadísimo proceso.

¿La posición del alto mando? “Ese es un tema de la Justicia”, “El 98 por ciento de los militares no tenemos nada que ver con eso” (Página/12, 7/7, dicho en la cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas con la Presidenta).

La historia como debe ser contada

La política de derechos humanos de NK ha sido un elaborado intento de dar por clausurada la lucha por el esclarecimiento y por el juicio y castigo de los crímenes de la dictadura.

Un primer capitulo fue la sanción de la “anulación” de las leyes de obediencia debida y punto final por el Congreso en agosto 2003, una instancia que mereció la calificación de “victoria democrática” en un coro unánime que unió a Chiche Duhalde, el bloque justicialista en pleno -incluyendo a Menem, el clero, Proyecto Sur y la izquierda.

Tal unanimidad fue lograda una vez que IU aceptara retirar del proyecto presentado por su diputada, Patricia Walsh, sobre la anulación de los indultos que, en caso de mantenerse, hubiera significado la prisión efectiva de todos sus beneficiarios. Lo que se caratuló como “victoria histórica de la democracia” tuvo así la peculiaridad de asentarse en la vigencia de la medida más arbitraria de las dictadas para dejar a los militares en libertad.

“La propia Walsh, cuyo proyecto de ley impulsó a la sesión especial que finalmente declaró nulas las leyes de perdón, dejó de lado (a fin de lograr la anulación de las normas) su proyecto de nulidad, que incluía la mayoría de los indultos dictados por ex presidente Carlos Menem en 1989 y 1990” (La Nación, 13/8/03).

El pacto que condujo a la “anulación” tuvo otro propósito: brindar una excusa jurídica que permitiera evitar las extradiciones de los genocidas pedidas por la justicia de España (a esa altura, medio centenar de altos mandos), invocando que podían ser, luego de esta “anulación”, juzgados dentro del país. Zaffaroni, Carrió, el centroizquierda, la izquierda declararon tajantemente su oposición a las extradiciones (como lo hicieron al momento de oponerse al juzgamiento de Pinochiet en Londres), en nombre del juicio -inexistente- “dentro de las fronteras de la patria”.

Los que consideran a la “anulación” del Congreso como un hecho democrático único e irrepetible no se han preguntado por qué no hubo crisis política alguna en 2003 -sea con las Fuerzas Armadas, el clero o el empresariado- y la decisión obtuvo incluso el apoyo de los gobiernos imperialistas.

La izquierda apoyó el operativo político consumado en esta jornada de “unión nacional”, haciendo suyo el engaño de que habría una voluntad política del gobierno de ir hasta el final en el “juicio y castigo”. Una concesión que la ubicó tempranamente en el campo del oficialismo: “Lo mínimo en la situación creada era naturalmente defender el propio proyecto de ley (de Patricia Walsh e IU), incluyendo la anulación de los indultos y denunciar al gobierno y al peronismo por la maniobra que estaban armando” (PO Nº 813, 14/8/03).

El papel de la Corte

Recién dos años después, la Corte Suprema resolvió la anulación de los indultos de Menem, que beneficiaban a militares planteando que los “crímenes de lesa humanidad eran imprescriptibles”. ¿Otra “victoria democrática”, tal como lo vieron las mismas fuerzas que apoyaron la “anulación” del punto final y la obediencia debida?

Treinta y un años después de la retirada de los militares, el fallo de la Corte se limitó a habilitar la posibilidad de reabrir procesos judiciales que están hoy en curso y culminarán -como ya está ocurriendo- luego de la muerte de los acusados. Una decisión que lejos de cuestionar el orden existente, lo legitima y deja en manos de los funcionarios vitalicios de la Justicia la potestad de definir qué es un crimen de lesa humanidad.

La decisión de la Corte vino a sentar “doctrina” contra el juicio político que corresponde por los crímenes cometidos y que debía ser tarea de tribunales populares y en el tiempo inmediato a los hechos -una tarea que el Congreso dejó de lado desde 1983.

Jorge Julio López

La desaparición de Jorge Julio López, en septiembre 2006, desnudó brutalmente la naturaleza de la política de “derechos humanos” del gobierno K. Mostró que la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue parte de una política de rescate del Estado parcialmente golpeado por el Argentinazo y la quiebra capitalista. Que sin la disolución de los servicios de represión y de espionaje del Estado y su reemplazo por organizaciones gestionadas por los trabajadores, sin la elección de los jueces por el pueblo, sin el derecho a la deliberación política en tribunales, cuarteles y comisarías es imposible acabar con la impunidad, sea de los crímenes de la dictadura o bajo la “democracia”.

“Gatillo fácil”, torturas en las comisarías, zonas liberadas, regenteo del delito por el aparato de represión: éste es el balance inapelable de la política de “derechos humanos” del gobierno K.