Para el gobierno y los intendentes del GBA, los derechos humanos están subordinados a los negocios inmobiliarios. No es sólo el caso de los terrenos que ocupara la textil Campomar, ubicados en Valentín Alsina en Lanús Oeste, sino también en el ex Astillero Astarsa de Zona Norte en Tigre, dos casos surgidos por la denuncia de comisiones de derechos humanos vecinales.

El 21 de agosto de 2008, la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte "presentó un proyecto al intendente Sergio Massa con el propósito de que en el predio de Astarsa -donde se sospecha que la dictadura torturó a once obreros del astillero- se resguardara la memoria levantando un complejo cultural, un museo, una escuela de artes y oficios vinculados con la industria naval".

El texto dirigido al funcionario decía: "Asistimos con frecuencia a la transformación de ex fábricas, en barrios cerrados para grupos sociales de privilegio, de uso minoritario: barrios que se asientan sobre los ‘cementerios industriales'. Una tendencia que margina a la mayoría de los vecinos ante la posibilidad de urbanización y que además agudiza la reducción de espacios públicos e impide cualquier tipo de dinámica social" (Página/12, 26/12).

En cambio, en Tigre se gestó, vía Sergio Massa, el proyecto "Venezia", que ocupa las 32 hectáreas del ex Astillero Astarsa para construir 250.000 metros cuadrados vendibles a 340 millones de dólares- con puerto deportivo, marinas y canales internos. "El m2 costará 12.500 pesos" (Clarín, 19/10/12).

En Lanús, con la bendición presidencial se instaló "Nuevo Valentín Alsina" y el intendente -un mero gestor a la hora del reparto del botín- estableció un negocio de 250 millones de dólares con tierras públicas para edificar 2.500 viviendas de lujo mediante "Créditos del Bicentenario", cuyos recursos financieros se garantizan con deuda externa.

Con su acción, la Comisión de Vecinos de Lanús reveló los límites insalvables de los falsos "campeones" de los derechos humanos hoy en el poder. Les ha importado poco a la Justicia y al poder político las declaraciones de testigos que vieron helicópteros, patrullas militares, ropa ensangrentada, cráneos y restos humanos en Campomar, incluso ningunearon las dos declaraciones de un sobreviviente.

La cautelar para preservar el lugar y que fuera investigado el predio se malversó desde un principio. La Cámara de Apelaciones "vino a ver" el lugar sin adoptar ninguna medida de investigación científica. El oficialismo ha tirado la chancleta abandonando la hipocresía y muestra obscenamente los intereses patronales que defiende.

La lucha continúa, reclamemos se investiguen Campomar y Astarsa como centros clandestinos de detención y torturas durante la dictadura. Se honre a los mártires y se construyan viviendas populares bajo control obrero en Lanús y el complejo cultural que se reclama en Tigre.