Por primera vez en un juicio oral por delitos de lesa humanidad, en el caso de los centros clandestinos del Club Atlético, El Banco y El Olimpo se solicitó que se amplíe la indagatoria de dos represores por el delito de violación cometido en el marco de una práctica sistemática del genocidio.

La querella, que representa a las organizaciones integrantes de Justicia Ya!, solicitó la ampliación para los represores Julio Simón (alias Turco Julián) y a Samuel Miara (alias Cobani) por violaciones reiteradas a tres secuestradas (las únicas que lo denunciaron durante el desarrollo del debate). El juez de primera instancia, Daniel Rafecas, no los había indagado por esos delitos, ni tampoco por los abusos sexuales que sufrieron muchos otros cautivos.

El Código Procesal, además, limita a la fiscalía la posibilidad de peticionar en un juicio oral la ampliación de indagatoria al igual que la facultad de requerir condena. Fue la lucha reivindicativa de las víctimas -en particular, las de “gatillo fácil”- la que logró que la Corte Suprema de la Nación habilitara la posibilidad de ejercer ese derecho a las querellas que representan a las víctimas, incluso cuando la fiscalía no lo hace. Aún así, hay todavía jueces y tribunales que no aplican esa jurisprudencia; el tribunal que tiene en sus manos el juicio a Simón y Miara es uno de ellos.

Claudia Ferrero, en nombre de las víctimas, denunció esta situación, señalando que no permitió a la querella solicitar la ampliación de indagatoria en el debate es negar justicia porque se trata del paso necesario para poder pedir condena por los hechos que se solicita ampliar.

“Señores del Tribunal -agregó Ferrero- hemos escuchado a una de las víctimas de violación responder a un pedido de la fiscalía para que aclare lo que había expresado como ‘agresiones sexuales’ en su cautiverio: ‘fui violada’, respondió. Este mismo tribunal no puede negar a la víctima el derecho a que se indague y se condene al culpable de este hecho”.

La fiscalía no acompañó el pedido de la querella. Si lo hubiera hecho, aseguraba que el Tribunal debiera pronunciarse sobre el fondo de la solicitud: la incorporación de estos hechos como objeto de imputación, sin poder rechazarlo por problemas de forma. Tampoco la acompañó la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a pesar de haber organizado el pasado 9 y 10 de agosto un seminario sobre la incorporación de los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad en los Tribunales Internacionales, con la disertación estellar del juez Garzón y la jueza de la Corte Suprema doctora Arguibay.

La inclusión de los abusos sexuales y violaciones como un delito de identidad particular en el marco de los juicios a los represores tiene como objetivo probar que no constituían hechos aislados, sino una práctica sistemática incluida en los objetivos de quiebre personal, moral e ideológico que se pretendía de los detenidos-desaparecidos.

Independientemente de la respuesta del tribunal, que se producirá recién el 23 de agosto, se ha desgarrado otra de las mordazas impuestas a las víctimas.