Detienen a delegados y trabajadores petroleros

Nuevo ataque

Los trabajadores de la empresa Bacssa vienen desarrollando un quite de colaboración por reclamos laborales y por la reincorporación de un despedido. En ese marco, tres rompehuelgas realizaron una denuncia contra un grupo de compañeros por supuestas “amenazas verbales” (en sus declaraciones reconocen que no hubo hechos de violencia) en una estación de servicio.

Al día siguiente de esta denuncia, la jueza subrogante, doctora Ormaechea, ordenó un operativo policial masivo en las inmediaciones de la base de la empresa -del que participaron más de 50 agentes- para detener a cinco trabajadores que se encontraban tomando mate y charlando.

Los cinco detenidos son los dirigentes del sindicato petrolero Martín Oñate y Néstor Vivares, el delegado de la empresa ‘Churi’ Armoa y los trabajadores Lucas Soria y Franco Cisternas.

La causa resulta una provocación “armada” de punta a punta, basada en acusaciones artificiales e idénticas hasta en los detalles, bajo la absurda carátula de coacción agravada. La celeridad y la forma en que se produjeron las detenciones y, por último, la decisión de trasladar a los detenidos a Caleta Olivia y Pico Truncado muestran que no piensan liberarlos en lo inmediato.

La judicialización usada para aplastar este conflicto, aparentemente menor, tiene implicancias políticas muy importantes, porque el despedido que se intenta reincorporar es Víctor Oñate, quien estuvo encarcelado nueve meses por la ocupación de LH3 en 2011. Martín -uno de los compañeros que está detenido ahora- es su hermano.

El nuevo despido de Oñate y la detención de dirigentes y trabajadores son maneras de golpear al gremio petrolero en forma preventiva -antes de que complete un importante proceso de organización que se viene expresando en la elección de delegados en todas las empresas en los últimos dos meses- en proximidad de las nuevas paritarias.

Existe una gran inquietud en el gremio. La Comisión Directiva, sin embargo, guardó silencio durante más de 24 horas, a pesar de que están presos dos de sus integrantes, y se ha limitado a suministrar una abogada a los detenidos.

El Partido Obrero reclama al sindicato petrolero en primer lugar, y a todos los gremios en general, la organización de un paro general para reclamar por la libertad de los compañeros.

La lucha por la absolución de los compañeros condenados por la pueblada de 2006 cobra un nuevo y urgente sentido.


Miguel Del Plá
(desde Las Heras)