Disparos y atentados contra Héctor “Chinche” Medina, ex detenido-desaparecido y testigo

El ataque contra el ex militante del PRT-ERP tiene lugar cuando se lleva la causa Klotzman, por múltiples crímenes contra integrantes de esa organización.

Esta semana Héctor “Chinche” Medina, ex militante del PRT-ERP, detenido durante la dictadura, fue víctima de numerosos ataques intimidatorios, en momentos en que se lleva adelante un juicio de lesa humanidad que involucra a su hermano desaparecido y lo tiene como querellante y testigo.


Días atrás, Medina fue víctima de cuatro disparos, de los que logró refugiarse y salir ileso. Y en el día de ayer, violentaron con una barreta la entrada de su casa y le chocaron el auto.


Medina fue preso político durante 7 años y tiene más de 10 familiares desaparecidos. Las agresiones contra él y su familia se dan en el marco de la causa Klotzman, en la cual se juzgan crímenes de los genocidas de la dictadura contra militantes del PRT-ERP: 27 homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita, así como el robo de una menor de diez años y supresión de identidad de la hija de Ricardo Klotzman y Cecilia Barral (secuestrados y conducido al centro clandestino de detención conocido como Quinta Operacional de Fisherton, quienes desde entonces permanecen desaparecidos). Se trata de la nieta 103, recuperada en abril de 2011. 



El juicio se tramita en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario y está previsto que sean juzgados Jorge Alberto Fariña, Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López (un quinto imputado, Luis Paulino Coronel, falleció el año pasado). El primero retirado del Ejército Argentino, destinado al Destacamento de Inteligencia 121 de la ciudad de Rosario; los demás ex agentes de la Policía Federal Argentina, delegación Rosario, quienes van a afrontar su primer juicio por delitos de lesa humanidad. Los imputados se encuentran acusados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, supresión de identidad, sustracción, retención y ocultación de un menor de 10 años y asociación ilícita, según informa el Ministerio Público Fiscal.


Organizaciones y referentes de Derechos Humanos se han pronunciado contra estos ataques, así como referentes de organizaciones políticas -entre ellos del Partido Obrero, como la diputada nacional Romina Del Pla, el legislador porteño Gabriel Solano, el dirigente nacional Néstor Pitrola y la dirigente de Santa Fe Carla Deiana. El reclamo de que “no queremos otro Julio López”, en relación al compañero y testigo que fuera desaparecido por segunda vez en democracia, está a la orden del día.


Urge el esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables.

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