El último fin de semana no sólo comenzó a regir la obligación de cierre de los locales de reunión pública en la provincia de Buenos Aires, después de las 3 de la mañana.  El decreto 1555 de Duhalde dispone, además, que los menores de 14 a 17 años sólo podrán permanecer en los boliches y las discos hasta las 12 de la noche, reunidos en “lugares diferentes” a los que concurren los mayores de edad. Asimismo, quedaron prohibidas las denominadas ‘prematinés’, a las cuales podían concurrir chicos de menor edad.

La sanción de este paquete desató de inmediato una enorme operación represiva: “ochocientos jefes de comisarías de la provincia, 124 intendentes y  numerosos inspectores municipales recibieron instrucciones para aplicar la medida impulsada por el gobernador Eduardo Duhalde, en una reunión que se realizó en la escuela de cadetes de la Policía Juan Vucetich” (Clarín, 25/6).  La información no revela la identidad ni la filiación política de los intendentes que aceptaron este ejercicio ‘democrático’ (cuántos pertenecen a la UCR), en el cual las autoridades electas y  ‘autónomas’ de los municipios fueron a recibir las ‘instrucciones’ de los represores. En el evento, la voz cantante la tuvo, naturalmente, el subsecretario de seguridad bonaerense, Alejandro Peres Cárrega: “el mensaje para la policía y los intendentes es que después de la medianoche los chicos no permanezcan en las calles” (ídem).

La ‘nocturnidad’, por lo tanto, es una excusa para reforzar el control de la población y, en particular, de la juventud, por parte del aparato represivo estatal.  Para defender su política, el propio Duhalde  mentó lo que sucede en EE.UU., donde se está extendiendo el  ‘toque de queda’  en numerosas ciudades, que impide la circulación de menores a partir de una determinada hora de la noche. Las ‘instrucciones’ de seguridad en la provincia, entonces,  siguen la receta del FBI norteamericano.  Esta es una línea general de nuestros ‘demócratas’, que se extiende más allá de nuestras fronteras. El presidente ‘socialista’ de Brasil acaba de autorizar, precisamente, la apertura de una oficina regional del FBI en Río de Janeiro, que ‘instruirá’ a las policías del ‘cono sur’ en la ocupación policial de las ciudades.

Estamos frente a una estrategia política de cara a la crisis social y política. Está planteada una movilización política  contra el  gobierno, contra la represión, por la derogación del  decreto de Duhalde, por la defensa integral de los derechos y libertades de la  juventud.

Las Federaciones Estudiantiles, bajo la dirección de la Franja Morada, organizaron el fin de semana pasado una serie de fiestas que se extendieron más allá de las 3 de la mañana. Canalizaron la bronca juvenil y se convirtieron en una manifestación de repudio al menemismo. Pero lo que la FUA ni siquiera ha esbozado es una política contra esta escalada represiva. Las ‘fiestas’ de la FUA no son, a la larga, más que una respuesta simbólica, que ni de lejos llega a las grandes masas de la juventud golpeadas por el decreto. Franja Morada ha montado, simplemente, un operativo de demagogia para rehabilitarse ella y rehabilitar al radicalismo, con vistas a las elecciones de 1997. Es necesario poner en pie un movimiento popular con los métodos propios del movimiento de masas: asambleas en colegios y facultades, marchas y un plan de lucha para reclamar la derogación del decreto, la derogación de los edictos policiales y de las facultades represivas similares que permiten  a las policías provinciales detener impunemente. Reclamar por recursos estatales para que los jóvenes organicen su propia vida social  —salas de música, teatro y actividades propias—, todo ello bajo el control de sus propias organizaciones, por un subsidio a todo joven desocupado de 500 pesos.

Las calles y las plazas deben ser del pueblo y la juventud, no de la policía ni de los políticos ‘democráticos’ que siguen sus ‘instrucciones’.