Asistimos a una crisis mundial histórica. La pandemia del Covid-19 vino a agravar esta crisis preexistente y ha obligado a declarar la cuarentena como instrumento para demorar la propagación del virus. En todas partes, y especialmente en Argentina, las corporaciones capitalistas y los gobiernos descargan los sacrificios derivados de esta crisis sobre las masas populares. La cuarentena es utilizada como instrumento para implementar la reforma laboral mediante suspensiones, despidos y rebajas salariales. A su vez, las condiciones de vida de los trabajadores en negro y los que viven de changas han sufrido un enorme deterioro.

El Estado no ha garantizado el derecho a la alimentación de la población, ni las condiciones de higiene para poder enfrentar la pandemia. En este contexto la suspensión del derecho a peticionar a las autoridades, pilar del derecho de protesta, es un instrumento de control social. La suspensión de este derecho carece de racionalidad en relación a los intereses sanitarios expuestos en los decretos presidenciales. Protestar, movilizarse, luchar por el “ejercicio efectivo” de los derechos, es  el único modo de garantizar que el derecho no se convierta en una farsa.

En el marco de una sociedad cuya clase social dominante avasalla cotidiana y constantemente los derechos de las mayorías explotadas, y teniendo en cuenta que  la pandemia ha puesto en descubierto el velo de la injusticia social y la atroz desigualdad de la distribución de los recursos sociales y económicos, toda lucha por la defensa de las condiciones de vida del pueblo, todo reclamo contra el Estado es ya un signo de maduración política, pero además es un factor fundamental para el desarrollo de una conciencia política más elevada.

El Polo Obrero ha desafiado esa pretensión absurda del poder político lanzando una consigna: ¡con hambre no hay cuarentena! Y realizó un acto en Plaza de Mayo el 1° de mayo. Los mineros de Andacollo han marchado cientos de kilómetros, los obreros del pescado en Puerto Deseado hicieron piquetes varios días, los obreros del frigorífico Penta ocuparon la planta y fueron reprimidos, las trabajadoras de Textilana también pararon; los ejemplos de lucha se extienden por el país y es inevitable que se generalicen, por salarios, contra el hambre y los despidos e incluso contra los femicidios.

Es por eso que los abogados, empleados judiciales y estudiantes de derecho del Partido Obrero resolvimos editar este material sobre el derecho a la protesta en las condiciones de la cuarentena, para profundizar las rendijas del régimen legal opresor, desde nuestros derechos y conquistas, y sustentar los argumentos legales que podemos esgrimir los oprimidos, ante la prepotencia del poder económico y político que realiza la “reforma laboral” de hecho y que sume en la indigencia a millones de habitantes de nuestro suelo.

Se trata entonces de fortalecer el más importante de todos los derechos, que es el derecho a luchar.