Las pericias realizadas en el INTI demostrarían que el DNI de Santiago Maldonado podría haber estado sumergido en el agua los 78 días que pasaron desde su desaparición el 1 de agosto de 2017 hasta la aparición de su cuerpo, ocurrida el 17 de octubre. Estas pretenden ser utilizadas por el gobierno para pedir el cierre de la causa y exonerarse de responsabilidades. El relato oficial repite como mantra que “Maldonado se ahogó solo”. Por su parte, la querella de la familia Maldonado ha informado muchas inquietudes sobre esta pericia, por la zona de la que fue tomada la muestra de agua utilizada y las condiciones en las que en su momento fue entregado el DNI de Santiago.

El diario Clarín que ha sido vocero y escriba de la línea oficial de todo este caso, adelanta que con esta pericia “el Gobierno de Mauricio Macri y el Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich, pedirán en los próximos días que la Justicia Federal le dé un final a la causa”. No es el primer intento. El gobierno cuenta con dos reveses en los pedidos de cambio de carátula (de Desaparición Forzada a Muerte Accidental) y de cierre de la causa. En su última respuesta al respecto, el juez Gustavo Lleral sostuvo que ese cambio de carátula implicaba adelantarse a la sentencia y que no correspondía.

En rigor de verdad, aún con este resultado, la pericia no exime al Estado de la responsabilidad por la muerte de Maldonado, como tampoco los peritajes anteriores, incluida la autopsia.  

La muerte de Maldonado se produjo en el cuadro de una represión estatal premeditada y preparada bajo la supervisión directa del Ministerio de Seguridad, cuando la ruta ya había sido desalojada el día anterior. El plan no declarado era “escarmentar” a los mapuches que habían ocupado tierras apropiadas por Benetton que reclamaban como propias. Fue discutido 48 horas antes en presencia del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti, en base a planes delineados con anterioridad desde ese organismo. La represión del 1 de agosto de 2017 continuó una saga de ataques orientados a garantizar la “seguridad jurídica” de los grupos capitalistas que se han apropiado de la Patagonia. Ese hecho responsabiliza por completo al Estado y a los funcionarios de gobierno implicados material y políticamente en esta línea represiva.

El gobierno nacional está desesperado porque la muerte de Santiago Maldonado quede impune. Sus trolls y chupamedias festejan de manera miserable. Pero Santiago Maldonado “no estaba haciendo turismo”, como dijo su hermano Sergio, y sobran las pruebas del plan represivo diseñado por el gobierno para el accionar de las fuerzas represivas en la zona de la cordillera, en defensa de los intereses de las petroleras y pulpos mineros.

Es un crimen de Estado. Luchemos por justicia por Santiago Maldonado.