El envenenamiento de Héctor Febres: Un archivo borrado

La responsabilidad del gobierno

Héctor Antonio Febres se había suicidado varios días antes de aparecer muerto por envenenamiento en su suite de la base Delta de la Prefectura Naval, cuando dijo en voz demasiado alta a propios y a extraños: “No voy a cargar con todo lo que pasó en la ESMA, voy a hablar”.


Esa advertencia del represor refuerza la peor de las hipótesis. Su amenaza no podía pasar inadvertida ni para la Justicia ni para los servicios de inteligencia. Sin embargo, nadie tomó medida alguna para proteger a Febres unas cuantas horas antes de un alegato que posiblemente habría destapado muchas ollas. Esa inacción transforma a los jueces y al gobierno en cómplices directos de este silenciamiento, aun en el improbable caso de que el criminal envenenado hubiese decidido matarse o que su propia familia lo haya asesinado por cuestiones de plata robada.


Uno de los querellantes, el ex detenido-desparecido Carlos Lordkipanidse, sostuvo: "Si yo interpreto la muerte de Febres como un mensaje, tengo que interpretarla como un mensaje mafioso". Otros supervivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada acusan a la Prefectura Naval y a Aníbal Fernández, ministro de Justicia y ex titular de Interior.


Un armado de impunidad


¿Qué se esperaba que dijera Febres? Ese hombre manejaba un volumen enorme de información sobre lo que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Él era uno de los responsables del “sótano” de la Esma: allí funcionaban las salas de tortura y allí eran alojadas las embarazadas. Lordkipanidse explicó: “Febres tenía conocimiento del reparto de bebés nacidos en la Escuela de Mecánica. Ése fue un secreto que se llevó con él” (ANRed, 12/12). En otras palabras: Febres conocía la identidad de muchos bebés secuestrados y robados; por tanto, sabía dónde están ahora ¿Lo hubiese dicho en su alegato? No se puede saber, pero su amenaza de hacerlo mostraba que se había vuelto impredecible para sus antiguos compinches. Eso alcanzó. Archivo borrado.


El envenenamiento de Febres se vincula directamente con el secuestro y desaparición de Jorge Julio López, con las “apretadas” a testigos y con las amenazas –contra él y su familia– al juez Carlos Rozanski, presidente del tribunal que condenó a los represores Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich. Sin embargo, el de Febres tiene una gravedad especial, porque se trata de un hecho cometido en dependencias de la fuerza represiva que lo tenía hospedado. Es la misma fuerza, conviene recordar, que reprimió salvajemente a los trabajadores del Casino y amenazó a los detenidos con hacerles “como a los zurdos de los 70”.


Así, con las amenazas, los secuestros y ahora el cianuro se completa un circuito organizado por los poderes del Estado para asegurar la impunidad institucional –por lo menos hasta donde eso es posible en las actuales condiciones políticas– de la represión de ayer, cosa necesaria para salvaguardar la represión de hoy.


Por ejemplo, Febres, un asesino serial, sólo era juzgado por cuatro causas de torturas y todo el trabajo desarrollado durante su juicio se pierde con su muerte, ya que las pruebas presentadas en este caso no podrán usarse en otros procesos. Con toda mala intención, la Justicia se ha negado sistemáticamente a unificar en una sola la llamada “megacausa” Esma. Si lo hubiese hecho, la muerte de Febres no habría interrumpido la acción penal. Como no lo hizo, hay que empezar todo de nuevo. Y no lo hizo para que ocurriera, precisamente, lo que ahora ocurre. Son cómplices descarados.


Lo ha dicho el propio juez Rozanski: “Si seguimos sin unificación de causas, a este ritmo vamos a necesitar treinta años más. Yo no voy a vivir, los testigos tampoco, ni los acusados…” (Viva, 16/12).


Mientras tanto, unos cuantos gerontes siguen “presos” en sus casas de 300 metros cuadrados o en “cárceles” vip, como era el caso de Febres, y centenares de jóvenes, la mayoría sin saberlo, siguen secuestrados, negada su identidad, en manos de sus apropiadores.


Que una comisión independiente, sobre la base de los organismos defensores de las libertades públicas, investigue el caso Febres para que vayan presos todos los responsables de esta acción mafiosa. Que esa misma comisión investigue por qué los represores detenidos en Marcos Paz disponen de teléfonos celulares, computadoras y todos los elementos necesarios para conspirar a su gusto con la complicidad de los carceleros, que hasta los tratan por su antiguo grado. Por el inmediato traslado de todos los genocidas a cárceles comunes. Inmediata unificación de las causas. Por tribunales populares.


La Argentina no puede esperar otros treinta años. Juicio y castigo. Cárcel ahora.