El fiscal federal Carlos Rívolo apeló el procesamiento sin prisión preventiva de nuestros compañeros César Arakaki y Dimas Ponce. Rívolo solicitó que se los procese por el delito de “rebelión” y aguarden en prisión el juicio oral.

Para llegar a tan desmesurada imputación, Rívolo apela a su imaginación, supliendo con afirmaciones mendaces y temerarias la completa ausencia de pruebas que respalden sus acusaciones.

El fiscal pretende, en primer lugar, anticipar la aplicación de la pena que pretende para César y Dimas, dado que es incapaz de demostrar que exista peligro cierto de fuga o de entorpecimiento de la investigación de su parte. En sus propias palabras: “Este Ministerio Público entiende que la materialidad de las conductas ilícitas imputadas, la responsabilidad que les cupo a las mismas se encuentra debidamente acreditada por las evidencias reunidas e incluso hasta comprobadas fotográfica y fílmicamente”. El fiscal se muestra tan convencido de lo que escribe, que considera que nuestros compañeros pueden empezar a cumplir pena sin haber transitado la instancia de juicio oral y público.

Rívolo, dice, puede “aseverar sin atisbo de duda” que Arakaki y Ponce, “entre otros, son los que efectivamente acometieron contra el agente Escobar, ya inerme, provocándole las lesiones debidamente acreditadas”. Puras palabras. Como el fiscal no puede exhibir ninguna prueba fehaciente de que Arakaki o Ponce hubieran infringido al menos una sola herida a Escobar, se refugia entonces en la generalidad. ¿Quiénes serían los coautores (“entre otros”), además de Arakaki y Ponce, de las lesiones del policía? En su afán persecutorio, se refiere al accionar de “un grupo insurrecto”, de contornos indefinidos, pero del cual nuestros compañeros habrían formado parte. De este modo, para Rívolo, Arakaki y Ponce no formaban parte de la multitud de 300 mil personas que deseaban manifestar su rechazo a la sanción del robo a los jubilados y beneficiarios de la AUH y se vio atacada por un dispositivo represivo desproporcionado sino de un “grupo insurrecto” que pretendía “perturbar el normal desarrollo de las funciones otorgadas por la Constitución Nacional al Congreso de la Nación”. Para tratar de engarzar toda esta fraseología, Rívolo afirma que Sebastián Romero, que todavía permanece prófugo, pertenece al mismo partido que Dimas y César. Ya hemos sido claros con respecto a nuestra defensa de principios sobre Romero, pero los hechos son los hechos, y Romero integra otra organización. Las imputaciones del fiscal se derrumban como un castillo de naipes.

De paso, vale señalar que Rívolo califica al Congreso como “órgano por excelencia de representación popular”. El fiscal debería tomar nota de que el 18 de diciembre se produjo una doble confiscación: por un lado, la que afectó al bolsillo de 17 millones de jubilados y familias vulnerables; por el otro, la del mandato popular, toda vez que los funcionarios y candidatos oficialistas habían asegurado a su electorado que no tenían ninguna “reforma previsional” en carpeta y los bloques del peronismo, en todas sus variantes, que ejercerían un rol opositor. Unos y otros han defraudado a sus votantes.

Rívolo afirma que César, Dimas y su misterioso “grupo insurrecto” provocaron “zozobra en la población”. Se olvida el fiscal que cuatro días antes del 18D hubo otro intento, fallido, de aprobar la reforma previsional. Este fracasó como resultado de la “zozobra” provocada en la población por la difusión de las consecuencias que traería en el cálculo del reajuste de haberes, al punto que retrajo el apoyo de diputados comprometidos con su aprobación y concluyó en la caída de la sesión por falta de quórum. El 18, el gobierno movilizó a los gobernadores para asegurar el voto de los diputados y las vallas, balas de goma y gases lacrimógenos de la Policía de la Ciudad para impedir que la multitud rodeara el Congreso durante la sesión. La multitud se defendió de una agresión policial injustificable; esa misma noche, miles de personas, en todas las ciudades del país, salieron a las calles con sus cacerolas a respaldar a quienes se habían movilizado esa tarde.

La finalidad del fiscal Rívolo, indisimulable, es avanzar en la criminalización de la movilización del 18D y enmendar el procesamiento dictado por Torres, cuya debilidad es congénita. Rívolo lo reconoce, al señalar en su escrito que el juez “dicta auto de procesamiento por lesiones en riña, pero al mismo tiempo desvincula de su autoría a los imputados al decir que no se encuentra fehacientemente acreditado en autos su participación efectiva en la producción de lesiones, lo que devendría contradictorio”. Efectivamente. Consciente de que Torres no pudo demostrar que César y Dimas hayan sido los autores de las heridas del policía Escobar, el fiscal redobla la apuesta y apela a este argumento desmesurado para sostener la persecución, no sólo de nuestros compañeros, sino de todos los que nos movilizamos contra este latrocinio.