El fracaso de las defensas

Durante las últimas audiencias del juicio, comenzaron a desfilar los testigos convocados por los abogados defensores de Pedraza y su patota. De la nómina original que presentaron, mantuvieron solamente un puñado, y desistieron de buena parte de los testimonios que ofrecieron al momento de la elevación a juicio. Se trata, en su abrumadora mayoría, de personas que no declararon durante la etapa de investigación y que recién lo harían en el juicio oral. Las defensas ‘prescindieron’ especialmente de aquellos mencionados por otros testigos como reclutadores de la patota y protagonistas de la agresión criminal -por ejemplo, entre otros, desistieron de Roberto "Tano" Carnovale, directivo de la seccional sur de la Unión Ferroviaria, y de Marcelo Garro, supuesto ‘herido de bala’ del bando de los patoteros.


Los que sí vinieron a declarar, cumplieron un papel penoso en el estrado. Varios de ellos deberían acabar penalmente comprometidos al final del juicio. En todos los casos se reprodujo la misma mecánica: cuando interrogaban los defensores, los patoteros intentaban ajustarse a un guión pre-armado, reiterando latiguillos y excusas (‘íbamos a hacer acto de presencia’, ‘yo estuve en la parte de atrás del grupo, así que no vi casi nada’, ‘escuché detonaciones, pero no sabía de dónde venían ni vi armas’, etc.); luego, bajo el interrogatorio de los acusadores, las contradicciones e inconsistencias se hacían evidentes, hasta terminar en el ridículo. Ninguno aportó una sola pista sobre los autores de los disparos que acabaron con la vida de Mariano y produjeron graves heridas a Elsa, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.


Los dichos de los testigos de la patota fueron sistemáticamente contrastados con otras pruebas reunidas durante la investigación.


En primer lugar, ninguno de ellos pudo sostener el carácter ‘voluntario y espontáneo’ de su presencia en las vías. Está sobradamente acreditado que los delegados de ‘la Verde’ de Pedraza recorrían los sectores de los talleres de Escalada -de donde salió el grueso de la patota- reclutando, lista en mano, hombre a hombre. Esa lista fue entregada por Aldo Amuchástegui -que lo negó, pero fue escrachado por la secretaria administrativa del taller- para ser girado a las autoridades de Ugofe, bajo el elocuente título: "Personal que se retira por corte de vías en Avellaneda". Entre los participantes, se demostró que varios de ellos debían favores a la burocracia; como en el caso de Ricardo Almada, cuyo nombre y número de legajo figuraban en una nómina de ascensos recomendados por "El Gallego" Fernández, hallada en uno de los allanamientos. Las versiones que brindaron sobre la agresión final fueron tan endebles y contradictorias que resultan imposibles de estructurar en un relato mínimamente coherente: ninguno de ellos se atrevió a afirmar con todas las letras que los manifestantes intentaran regresar a las vías, con excepción de Mariano Maroco, cuya declaración alcanzó, en este punto, ribetes delirantes ("de repente, empezaron a correr hacia nosotros una multitud de mujeres y niños que, cuando estaban a diez metros de distancia, se abrieron hacia los costados y aparecieron tres hileras de hombres con palos que salieron a matarnos"). La versión del 'enfrentamiento' se diluyó en la nada. Los que negaban haber estado al frente del ataque, fueron puestos en evidencia a través de la exhibición de videos y fotografías en los que fueron claramente identificados.


Entre sus contradicciones, y apremiados por las preguntas la fiscalía y las querellas, varios de los patoteros dejaron entrever algunas verdades, que dejan mal parados a Pedraza y los suyos. Entre otros, aportaron algunas 'perlas' sobre las condiciones de trabajo de los tercerizados de Unión del Mercosur, la 'cooperativa' que explotaba la burocracia ("no teníamos baños ni duchas", "estábamos como animales", "éramos monotributistas", "cuando firmé para entrar, me dijeron que no me hiciera ilusiones con el pase a planta", declaró Jorge Aguirre). También dejaron en claro que para la UF, los tercerizados no eran ferroviarios (como se desprende de las declaraciones de Arias y Krazcowski), demoliendo los intentos de los defensores por presentar a la burocracia como ‘gestora’ de su pase a planta permanente. Los cruces de llamados telefónicos y las escuchas judiciales desbarataron las coartadas de Fernández y Pedraza sobre sus comunicaciones permanentes con la patota y el encubrimiento que ensayaron una vez abierta la investigación (Amuchástegui, Cavazza). El ex delegado Krazcowski incluso se refirió a la 'verticalidad' del sindicato, mandando al frente a Pablo Díaz como ‘referente’ en el lugar de los hechos, pero también a Pedraza y Fernández.


Por último, Cristian Favale se convirtió en el lastre que amenaza con hundirlos a todos. Los intentos de los delegados por desconocerlo fracasaron. Terminaron reconociendo que participó con la UF del acto de Moyano en River -en el que Cristina Fernández fue oradora central-, de la apretada contra los tercerizados en el hall de Constitución del 6 de septiembre de 2010, y de la agresión en Barracas. Favale mismo hacía ostentación de su cercanía a la burocracia y aspiraba a integrarse plenamente a ella. Dejó demasiados registros de ese vínculo, como para ahora presentarse como un agente extraño a la patota y que eso resulte creíble.


Las pruebas que se acumulan en el juicio contra los acusados son abrumadoras. Las declaraciones de ‘sus’ testigos terminaron agravando su situación. Lo único que podría interferir en una condena contundente contra ellos es la injerencia del poder político.


No bajemos la guardia ni por un instante: garanticemos, con la movilización popular y la agitación, que Pedraza y su banda terminen sus días en la cárcel.