El gobierno resolvió otorgar una compensación económica y disponer el “ascenso retroactivo” a 25 oficiales de las fuerzas armadas, pasados a retiro hace ocho años, por decisión del gobierno kirchnerista. Según el ministro de Defensa, Oscar Aguad, se habría tratado de una medida “injusta” y que los 25 militares fueron castigados por “portación de apellido”, ya que se trata de familiares de genocidas y represores de la última dictadura.

Entre los apartados, figura Roberto Vega, un teniente coronel que, en el año 2005, dio un discurso en una ceremonia de juramento a la bandera en el que reivindicó al Operativo Independencia y la pelea “contra el terrorismo apátrida que pretendía cambiarla por un trapo rojo”. “Otros involucrados del Ejército son Roberto Ruzzante, quien habría mostrado su solidaridad con el represor Alejandro Duret; y también el teniente coronel Oscar Faisal, que habría brindado asistencia a militares que estaban siendo juzgados en Corrientes por delitos de lesa humanidad” (Página/12, 5/11). Entre los ex marinos figuran algunos que pertenecieron a la camarilla del ex jefe de la Armada Jorge Godoy, condenado por el espionaje ilegal en Trelew.

Como se puede apreciar, no se trata de simples “portadores de apellidos” sino de elementos alineados política e ideológicamente con los represores. Esta “reparación” se produce en el marco del plan de introducción de las fuerzas armadas en tareas de represión interior, en nombre de “la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”. Su correlato han sido la militarización de los barrios, de la Patagonia –cuya riqueza es anhelada por los pulpos capitalistas– y de “puntos estratégicos” en todo el país. Esto es lo que Macri llama “efientizar” el rol de los militares. El gobierno quiere congraciarse con la camarilla militar –decreto de autogobierno, negación del genocidio, rehabilitación de la “teoría de los dos demonios”, fallo del 2×1, etc– para garantizarse su apoyo en caso de recurrir al estado de sitio frente a un agravamiento de la lucha de clases. Para Aguad, el desprestigio de los militares no es el resultado del genocidio que protagonizaron sino “producto de una política de estigmatización que se ha dado en las últimas décadas” (Infobae, 1/11).

Según Nilda Garré, otrora ministra de Defensa durante la presidencia de CFK, los 25 militares fueron depuestos porque “no acreditaban una vocación democrática”, y no por su filiación. Pero fue el kirchnerismo el que llevó al genocida Milani a la jefatura del Ejército y lo rodeó de cuantiosos recursos para montar un aparato de espionaje paralelo. El Proyecto X, los récords de luchadores perseguidos por la justicia y de muertos en protestas, la tercerización de la represión en manos de patotas sindicales y barrabravas, entre otros, no serían tampoco las mejores credenciales de “conductas democráticas” por parte del gobierno K. Por otra parte, alertamos que el “ascenso retroactivo” de estos 25 militares deberá pasar por el Senado y, por lo tanto, su depende de la oposición pejota-K que se haga efectiva.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, alertamos y rechazamos este nuevo intento de pavimentar una reconciliación con los genocidas y sus defensores.

Fue genocidio. Son 30mil.