El gobierno de Santa Fe confesó que los nuevos “patrulleros inteligentes” van contra los jóvenes pobres

Las confesiones del jefe policial santafesino, Marcelo Villanúa, en el cuadro de militarización de los barrios.

Ni bien dispuso la colocación de 400 nuevos “patrulleros inteligentes” en la provincia de Santa Fe, el gobierno del Frente Progresista de Miguel Lifschitz confesó su intención de ponerlos al servicio de una mayor criminalización y persecución de la juventud de las villas miseria.


En el acto de presentación de los autos policiales el pasado 14 de marzo, Marcelo Villanúa, el actual Jefe de la Policía de Santa Fe, sostuvo que “a los ‘harry’ les va temblar la pera cuando vean que aparece uno de estos móviles, pero al ciudadano se le tiene que dibujar una sonrisa en la cara”. El funcionario hacía así uso de una expresión común entre los vigilantes provinciales que, proveniente del sobrenombre de un ladrón que protagonizó una seguidilla de asaltos en 1997, utilizan –en una deriva fascistoide– para nombrar a los pibes de las villas, estigmatizados como supuestos responsables del aumento del delito en la región. 


La declaración, que alcanzó rápidamente un extendido repudio en la provincia, fue aplaudida en ese momento por Lifschitz y su ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.


Los dichos de Villanúa cristalizan el acatamiento de la “doctrina Chocobar” por parte del gobierno de la provincia, en la que se multiplican tanto los casos de brutalidad policial y gatillo fácil –como el de David Campos y Emanuel Medina en junio de 2017– como las pruebas de la complicidad entre las policías santafesinas y el crimen organizado, que muestran que son las fuerzas del Estado las principales responsables de la inseguridad ciudadana. En los barrios populosos de Santa Fe, que se encuentran totalmente militarizados por la PAT (Policía de Acción Táctica), sigue vivito y coleando el azote del narcotráfico –que no deja de producir muertes de jóvenes por los enfrentamientos entre bandas–, al calor de las zonas liberadas por la policía.


En vistas de ello, el despliegue de los nuevos móviles –para los cuales el gobierno desembolsó el dineral de 23 millones de pesos–, como el desembarco de gendarmes en la provincia acordado con el gobierno nacional y anunciado junto a Patricia Bullrich, prometen el agravamiento tanto del delito organizado como de la persecución policial a la población trabajadora.

Ante todo, el reforzamiento represivo apunta a allanar la aplicación del ajuste mancomunado de Lifschitz-Macri, ahora profundizado con la firma del gobierno provincial al Pacto Fiscal, con despidos, tarifazos, precariedad laboral y salarios de hambre para la población trabajadora. Echan leña al fuego de la colosal descomposición social que abraza a Santa Fe, donde la agudización del problema habitacional viene dando como consecuencia una expansión de las villas miseria.


Debemos colocar la denuncia de la represión y el ajuste como parte central de las consignas de este 24 de marzo, aniversario del golpe militar, en el que llamamos a participar masivamente de las columnas y actos independientes en Santa Fe y todo el país contra la impunidad de ayer y de hoy.


Por el juicio y castigo de la policía santafesina, madre de decenas de casos de gatillo fácil en toda la región. Por la destitución de todas las cúpulas y miembros de la policía implicados en el narcotráfico y el abuso policial.


Basta de policía de gatillo fácil. Que los cuadros jerárquicos y los comisarios sean elegidos y revocados por el voto popular.


Destitución del Jefe Policial Marcelo Villanúa.