Después de más de 30 años, la Justicia argentina decidió procesar a Jorge Videla, a Antonio Bussi y a otros 14 ex militares, quienes irán a juicio oral en la causa por el Plan Cóndor.

Por supuesto, resulta obligatorio movilizarse para conseguir la condena efectiva de esos criminales y que purguen su pena en una cárcel común. Sin embargo, también se hace obligatorio recordar que una justicia que tarda tres décadas en juzgar a alguien no es justicia, sino cómplice.

Se va a juzgar a un grupo de gerontes que ya no les sirven para nada a sus antiguos patrones. Es más, su condena habrá de ser útil para fortalecer la “democracia” que engorda a los mismos que antes engordaron con la dictadura.

La complicidad judicial y estatal con la represión del pasado –ni hablar de la actual, de la que son ejecutores directos– queda más en evidencia cuando se ve a viejos asesinos del Plan Cóndor en tranquila libertad y, es más, desarrollando sus actividades delictivas debidamente “reciclados”.

Tal el caso, por citar sólo uno, del uruguayo John Battaglia Ponte, uruguayo-norteamericano, agente del coronel Oliver North (el del escándalo Irán-contras) quien maneja aquí empresas de seguridad privadas de su patrón, las cuales, además, son centros de reunión de información de la CIA, como el propio Battaglia admitió más de una vez.

El Plan Cóndor, que aunque todavía no se llamaba así empezó a operar en la Argentina en 1974, cuando Juan Domingo Perón aún era presidente, actúa hasta el día de hoy y constituye una enorme red de delito que incluye narcotráfico, tráfico de armas y operaciones terroristas como, por ejemplo, el atentado contra un avión de la compañía Cubana de Aviación, cuyo autor, Posada Carriles, vive en los Estados Unidos protegido por la banda de George Bush.