El régimen político, culpable

La absolución total de Raúl Castells sobrevino tras el derrumbe de todo el andamiaje de la causa penal. Ya con su declaración de casi dos horas, Castells había pulverizado la acusación de coacción: la concurrencia del intendente al Municipio no sólo había sido voluntaria, sino que “fue protegida” por 200 policías que operaban al mando del fiscal general.


Las filmaciones y los testigos indicaron que ese 13 de junio de 2001 hubo una manifestación que se conectó con una huelga de los trabajadores municipales, quienes apoyaron a viva voz a los compañeros del Mijd. Los testigos dieron cuenta de la presencia permanente de manifestaciones parecidas, por lo que a varios les costó distinguir ese día de otros. El caso extremo fue el del ex-intendente Di Dío, que señaló que en seis meses de mandato, sólo en treinta días no hubo un conflicto o manifestación en la Intendencia.


Castells denunció a los fiscales como “montoneros conversos a nazis” y señaló que los cinco jubilados que lo acompañaron a la entrevista jamás podrían haber “coaccionado” al intendente rodeado de tropas y acompañado, en la entrevista misma, por el jefe de esas tropas. Castells llegó más lejos cuando denunció que el operativo había sido una “cama” armada en función de una persecución política sistemática, como lo prueban sus 1.214 días de cárcel.


Esa “cama”, o sea policías filmando y con fiscales actuando rodeados de policías, es lo que técnicamente se llama “delito experimental”, o sea que las fuerzas de represión dejan hacer el delito y hasta lo promueven para poder testimoniarlo.


En este cuadro, la absolución de Castells es una operación de encubrimiento del aparato represivo, que sale ileso o indemne de su propio “delito experimental”. El aparato represivo (Justicia incluida) ha privado a Castells de la libertad en forma ilegítima durante 1.214 días.


Correspondería, entonces, el juicio político a la jueza y a los fiscales actuantes, y corresponde por sobre tod as las cosas reforzar la lucha para acabar con los Duhalde, con los Solá, con los Di Dío y los Rodríguez Saá y los Rico.


Mientras se consumaba este juicio escandaloso, los legisladores del PJ, incluidos los de Rodríguez Saá, sentaban sus trastes (daban quórum) para detener el juicio político a la Corte Suprema. Hay que acabar con todos ellos, el régimen político ha resultado culpable.