Ante el comienzo del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, el kirchnerismo, con Cristina a la cabeza, ha presentado una versión de los hechos transcurridos desde el 20 de octubre de 2010 hasta la fecha, donde se presenta a sí mismos como el promotor del avance judicial y el encarcelamiento de la patota. Incurren en este relato interesado mientras sus negociaciones con Pedraza en la CGT-Balcarce y los negocios con éste en el ferrocarril siguen en pie.

El gobierno se coloca en las dos puntas del mostrador, lo cual tiene una lógica de hierro: le sirve como contención para los que luchan por la perpetua a la banda criminal comandada por Pedraza, buscando ´despolitizar´ el juicio; evita con ello que la causa avance hacia arriba -o sea hacia el grupo empresario Ugofe, los funcionarios políticos de la Secretaría de Transporte y los que tuvieron el mando político de la Policía (Aníbal Fernández). De ese modo, crea las condiciones para la impunidad de los jefes de la patota- (Pedraza en primer lugar) ya sea bajo forma de una absolución directa o, como plan B, de una pena menor por un delito menor. Son estos los objetivos que guían a muchos de los propagandistas K, especialmente a aquellos que hacen las veces de columnistas en Página 12.

Mario Wainfeld

Ello le cabe en su totalidad a la columna publicada por Mario Wainfeld en Página/12 del 10 de agosto titulada "El caso judicial y el fenómeno político". El texto presenta una versión de los hechos a la medida del kirchnerismo: "el trayecto previo ha sido más que satisfactorio" y afirma que "el gobierno cooperó en trances cruciales, tanto en la producción de la prueba de cargo cuanto en protección a ciertos testigos, también en dotar al juzgado de recursos materiales y humanos para cumplir sus funciones con celeridad y eficacia". Wainfeld omite los ataques propiciados por la presidenta desde el mismo día del asesinato de Mariano contra los manifestantes, a los que puso en un mismo nivel con los asesinos ("no quiero ni palos ni armas"). También omite las provocaciones realizadas el 23 de diciembre del 2010 en la estación Constitución, que llevaron a los compañeros ferroviarios de Mariano a la cárcel, y de las que participó su colega Horacio Verbitsky. HV llegó a fabular una inexistente participación de Pitrola en la negociación de los tercerizados en el ministerio de Trabajo, con el único objetivo de endilgarnos la responsabilidad sobre los incidentes que, como demostramos, fueron causados por la patota ferroviaria. Tampoco hace referencia a las conversaciones entre Tomada y Pedraza, una vez ocurrido el asesinato de Mariano, para conspirar juntos contra los tercerizados que pugnaban por pasar a planta permanente.

Mario Wainfeld presenta como "modelo" el proceso judicial, cuando hay grandes responsables que no están sentados en el banquillo de los acusados. La empresa Ugofe, que otorgó licencias para que la patota produzca la agresión, ha quedado al margen del proceso cuando, además, era una de las principales implicadas en los negocios tercerizadores. Otro tanto ocurre con los funcionarios de la Secretaría de Transporte (Jaime, Schiavi y Luna, subsecretario de transporte ferroviario que responde a la burocracia sindical ferroviaria y que aún sigue en su puesto) y los jefes políticos de la Federal. Estas no son `limitaciones´ del proceso, sino un armado consciente para salvar la responsabilidad de la clase capitalista y del Estado en lo que fue, a todas luces, un crimen político contra la clase obrera. La ´despolitización´ del juicio apunta en esa única dirección: la impunidad.

Vale recordarle a Mario Wainfeld que Pedraza, cuando aún estaba en libertad, quiso coimear a la Justicia para que libere a la patota y asegurarse de ese modo que si era procesado podría zafar de la cárcel. Es cierto que gracias a escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia esa coima no se pudo consumar. Pero los coimeros siguen siendo beneficiados con la concesión del principal ferrocarril del país, el Belgrano Cargas. En su directorio no sólo está la mujer de Pedraza, sino también el tesorero de la Unión Ferroviaria, Angel Stafforini, que ocupa la vicepresidencia de la empresa, y fue pescado infraganti cuando le daba U$s 50.000 al ex juez Aráoz de Lamadrid con destino a los jueces que debían decidir sobre la libertad de la patota. El gobierno ha dejado intacto el poder económico de Pedraza, del cual se vale para lograr la absolución en el juicio.

A Mario Wainfeld no le ha parecido conveniente dedicar ni una sola línea a las negociaciones del gobierno con Pedraza, quien manda cartas desde la cárcel que son tenidas en cuenta por su ex abogado y ministro Tomada para convalidar las impugnaciones presentadas por los burócratas de la CGT-Balcarce. De hacerlo, su "relato" se iría derechito por el sumidero.

La conclusión que extrae Wainfeld es que, si el proceso judicial ha sido ejemplar ahora, hay que dejar hacer a la Justicia. Reclamar "perpetua para Pedraza", como lo hacen las organizaciones populares que se movilizaron en todo el país el pasado 6 de agosto, podría ser una interferencia tan innecesaria como inadecuada. Por eso realiza una afirmación temeraria: "no es justo decir que Pedraza es culpable de homicidio, hoy y aquí". Agrega que "Pedraza pudo haber incurrido en conductas extremas"; pero el "pudo" admite también el "no pudo". De esta forma anticipa que si la Justicia finalmente libera al capo de la Unión Ferroviaria, no habrá nada que objetar, porque el proceso fue ejemplar y no tenemos pruebas para asegurar su culpabilidad.

El operativo de impunidad tiene varias puntas. Una de ellas es de los que abren el paraguas antes de que llueva, preparando el terreno para un fallo que deje a los máximos responsables libres. Las otras puntas son los que le aseguran a la patota preservar sus beneficios económicos y políticos. Todas ellas están dentro del gobierno.