La causa principal que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra y las graves heridas sufridas por Elsa Rodríguez, el 20 de octubre de 2010, se encuentra a despacho en el Tribunal Oral 21.

Se supone que el próximo auto de los jueces debe resolver, entre otras cosas, la nueva fecha del juicio oral que sentará en el banquillo de los acusados a Pedraza; a su segundo, “el Gallego” Fernández, y al resto de su patota, así como a los siete policías federales.

Si bien aún quedan recursos en Casación interpuestos por la defensa, ninguno representa una traba procesal para impedir el comienzo del juicio oral.

El recurso de Casación interpuesto por la defensa de Pedraza, el cual rechaza la unificación de la causa penal que investiga la responsabilidad de la patota y la causa que investiga la responsabilidad de los policías, con el argumento de que el agravio está constituido en la postergación del juicio oral, se convierte en un incentivo procesal para que el TOF 21 fije nueva fecha en forma inmediata, ya que de hacerlo ese recurso devendría en abstracto.
Se consolidan los indicios de obstrucción a la Justicia de parte de los imputados de la Unión Ferroviaria.

El procesamiento del juez Alberto Baños al perito Roberto Locles -por alterar una evidencia directa del asesinato del militante del PO al golpear el proyectil sobre una mesa, durante una junta de expertos balísticos- está basado en que su “actitud fue absolutamente artera y dirigida a dañar el proyectil”.

La decisión del juez Baños demuestra que había un perito contratado para entorpecer la investigación.

El perito había sido propuesto por la defensa de Uño, quien -llamativamente- no es acusado por disparar un arma, sino por huir del lugar con una de las armas utilizadas, mostrando -de este modo- la unificación en la táctica de la defensa de todos los miembros de la patota, independientemente del abogado que los representa.

El entorpecimiento de la investigación también fue intentado por los imputados de la UF a través de presuntos sobornos en la Cámara de Casación, causa que se encuentra bajo la órbita del juez Rodríguez y que no avanza por los continuos recursos interpuestos por el ex juez federal Araoz de la Madrid, principal acusado en la misma, quien- al no poder obtener la separación del juez de la causa- ha pasado ahora a recusar al fiscal.