El gobierno ha resuelto una emergencia penitenciaria por tres años a nivel nacional bajo el argumento de enfrentar el problema de la sobrepoblación carcelaria, que es del 12% en el Servicio Penitenciario Federal (hay cerca de 14 mil detenidos contra poco más de 12 mil plazas).

Lo primero que hay que decir es que la declaración de emergencia es una trampa. En la provincia de Buenos Aires, ésta se decretó 15 veces desde 2001 (Chequeado, 25/2), la última de ellas por parte de Vidal, habiéndose producido en medio de esa ‘emergencia permanente’ un salto en el hacinamiento, las detenciones, y las masacres en los penales de Magdalena y las comisarías de Junín y Esteban Echeverría, donde decenas de internos murieron asfixiados o carbonizados debido a que los agentes los dejaron morir. El informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (Sneep) de 2017 para la provincia de Buenos Aires, a su vez, indica que la sobrepoblación era de casi un 30% (38 mil internos en total, con capacidad para apenas 30 mil).

La emergencia penitenciaria, inservible para frenar esta sistemática violación de Derechos Humanos, fue usada sin embargo por las autoridades para contratar servicios y comprar bienes por fuera de los controles habituales, y le permitió al ministerio de Justicia provincial la definición de ascensos y bajas sin control legislativo. También habilitó al reingreso de personal retirado.

En materia de sobrepoblación carcelaria, los guarismos provinciales son peores que los del Servicio Penitenciario Federal. El ministro de seguridad jujeño, por ejemplo, aseguró al sitio Jujuy al Momento (1/6/18) que la sobrepoblación era del 143%.

Motivos

La cantidad de presos en el servicio penitenciario federal ha crecido bajo el gobierno de Macri. Desde diciembre de 2015 a marzo de este año pasó de 10.274 a 13.773 (La Nación, 26/3). A la hora de analizar este crecimiento de las detenciones, todo apunta a la política punitiva del gobierno, como la aplicación ley de flagrancia (2016) y los cambios regresivos en materia de ejecución de las penas. A su vez, hay un abuso del recurso de la prisión preventiva. Las modificaciones en el Código Penal, cuyo anteproyecto de ley el gobierno ha enviado al Congreso, agravarán este cuadro. Por otra parte, el 57% de la población carcelaria no tiene condena (Página 12, 26/3).

El gobierno dice que en buena medida el aumento en las detenciones obedece a una mayor cantidad de presos por narcotráfico, lo que en rigor tampoco es cierto. Lo que puede haber es un mayor número de detenciones por narcomenudeo, el eslabón más débil de la cadena. En la provincia, el 35% de las detenidas mujeres lo están por causas por drogas (ídem, 27/7/18). Mientras los narcotraficantes están libres y se codean con el poder político, las cárceles se llenan de las llamadas “mulas”.

La naturaleza clasista del sistema carcelario es indisimulable. “La mayoría [de los detenidos] son hombres jóvenes, de ámbitos urbanos pobres y con un nivel de instrucción bajo”, según Carlos Motto, sociólogo del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de La Nación (Télam, 12/5/17). Más de la mitad de las detenciones corresponden a robos. Como se dice, las cárceles están llenas de ladrones de gallinas.

El relator especial de la ONU sobre Tortura, Nils Melzer, aseguró en su visita a Argentina que  “la población carcelaria se ha triplicado prácticamente en las últimas dos décadas, lo que resulta en una situación crónica de sobrepoblación”.

Torturas

Al interior de los penales, además, la tortura y malos tratos son “una práctica generalizada”, según el procurador penitenciario nacional, Francisco Mugnolo (La Nación, ídem). Los internos son sometidos a todo tipo de degradaciones y prácticas infernales como el “plaf plaf” (en que se golpean en forma simultánea los oídos del detenido con las palmas de las manos).

A pesar de este cuadro monstruoso, Bullrich y compañía impulsan un endurecimiento de las penas y los voceros del gobierno reniegan sobre los delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra. Pero el crecimiento de la población carcelaria no ha reducido la inseguridad, debido a que el delito se encuentra organizado desde las propias fuerzas de seguridad.

Las cárceles no son un espacio de resocialización sino un ámbito de crueldad y castigos que forma mano de obra para el delito y procura disciplinar a la población.

 La emergencia penitenciaria del gobierno sólo agrava este infierno cotidiano y silenciado.