Etchecolatz pide volver a la policía bonaerense

Tiene seis condenas por crímenes de lesa humanidad.

Apel La Plata

Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex jefe de Investigaciones de la Bonaerense durante la última dictadura cívico-militar, quien además estaba a cargo de 21 campos de detención clandestinos del denominado Circuito Camps, solicitó volver a ser integrante de la Policía Bonaerense como efectivo retirado. Este genocida de 89 años y condenado seis veces por delitos de lesa humanidad –entre los que se cuentan robo de bebés, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones–, presentó un escrito ante la Justicia en el que considera que su exoneración "constituye una flagrante violación al derecho de defensa".


El reclamo, que podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, surge a partir de su apartamiento de la fuerza por parte del gobierno provincial, efectuada el 8 de agosto del 2017, ya que Etchecolatz seguía inscripto en la nómina de uniformados retirados como “retirado activo voluntario”, como si se hubiera jubilado, figura que entre otras cosas le permitía mantener su arma reglamentaria y volver a la fuerza en cualquier momento. Atravesó todos los gobiernos “democráticos”, incluidos los de CFK-Scioli, en esta condición.


El ex comisario presentó un escrito apelando esta decisión, en la que pregunta, además, qué acciones ha realizado "para ser encuadrado en las supuestas faltas atribuidas". La respuesta por parte de Ritondo, Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, fue lacónica. Dijo que la decisión del gobierno ya había sido tomada y no se reincorporaría a Etchecolatz a las fuerzas.


En marzo pasado, gracias a la lucha llevada a cabo por sobrevivientes, familiares, organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales, Etchecolatz fue trasladado nuevamente al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, luego de gozar casi 4 meses del beneficio de prisión domiciliaria en su casa del barrio Bosque Peralta Ramos, en la ciudad de Mar del Plata. Cabe destacar que la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que interviene como querellante en los juicios de lesa humanidad, no apeló la resolución en ninguna de las causas en que le fue otorgado el beneficio, por decisión directa de gobernación de Vidal.


Asimismo al momento de desaparecer por segunda vez Jorge Julio López el 18 de septiembre de 2006, cuyo principal sospechoso es Etchecolatz, desde la querella de Justicia Ya! de la cual APEL forma parte, denunció en el 2006 que 9.000 efectivos de la policía bonaerense que habían cumplido funciones en la última dictadura militar seguían dentro de la fuerza, situación que no fue modificada bajo el gobierno anterior, ni el actual.


Esta solicitud es realizada en el marco del inicio del juicio que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Brigada de San Justo, en el cual Etchecolatz es uno de los imputados, lo que su pedido de ser reincorporado a la fuerza y desconocer el genocidio del cual participó, constituye una provocación e intento de intimidación, en un contexto de intento de reconciliación por parte del gobierno de cambiemos, que impulso el beneficio del 2×1 como el decreto habilita a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de la llamada “seguridad interior” para imponer el ajuste.


El único lugar para los genocidas es la cárcel común, perpetua y efectiva.