Todo fue casi banal. Que un burócrata policial le dispare en la cabeza a un chico desarmado es una posibilidad cotidiana. Se trata nada más que de "matar a un malandra", como dicen ellos en su jerga. Por eso, cuando tal cosa ocurre -y ocurre demasiado a menudo- la institución policial protege al criminal, porque no considera que haya cometido un hecho excepcional. La criminalidad es la norma en esta policía.

Alrededor de las diez de la noche del domingo 29, Eric Milton Ponce, de 29 años, estaba con un grupo de amigos en la plaza Alberdi, en Saavedra. Al parecer, le gastaron una broma a un par de tipos que salían de una fiesta en un salón de la zona. Después de una trifulca brevísima, uno de los tipos sacó una pistola y le disparó en la cabeza a Eric. Apenas el muchacho fue llevado al hospital, pasó por el lugar un patrullero de la comisaría 49ª, de la Federal. Los jóvenes le señalaron a los policías al autor del disparo.

Los federales hablaron un rato con el agresor y se fueron, simplemente se fueron. El que disparó y su acompañante se volvieron a la fiesta, como si nada. Después se confirmó lo que ya era obvio: los agresores también eran policías. Dos hermanos, uno de la Bonaerense y otro de la Metropolitana.

La reacción vecinal no fue una banalidad. Que gente del barrio haya atacado la 49ª y destruido catorce móviles policiales sí es un hecho excepcional. Sin embargo, era esperable que sucediera porque las comisarías de ese barrio tienen una historia larga de atropellos y connivencia con el crimen, y había allí una olla que acumulaba presión desde hacía demasiado tiempo.

Una historia larga

El autor de este artículo, en su libro La Federal: la trama policial detrás del delito, la inseguridad y el miedo, le dedica casi un capítulo entero a las andanzas de esas seccionales. Hace ya diez años, en diciembre de 2003, después de una serie de asaltos violentos en la zona, los vecinos de Villa Urquiza se concentraron frente a la vecina comisaría 39ª y, mientras ellos manifestaban, otro robo a mano armada se producía a metros de allí. Una provocación. Ocurría que al frente de esa comisaría había sido puesto un ex comisario de Asuntos Internos que tenía cuentas pendientes con otros policías. Por eso le "pudrieron la calle", como también se dice en esa jerga tenebrosa. Matan gente para pudrir la calle, así resuelven sus internas.

Entonces, ocho asaltos violentos en una semana colmaron la paciencia del vecindario, que volvió a la comisaría al grito de "¡ladrones!", "¡corruptos!", "¡están arreglados con los chorros!". Los vecinos de Liniers, los de Villa Ortúzar, Villa Urquiza y Saavedra empezaron a ver que el problema de la inseguridad no se debía a la ausencia de policía, sino a su presencia. Así empezó a gestarse lo que estalló ahora.

Según denuncia la Correpi, y lo prueba con sus estadísticas, hay un muerto por gatillo fácil en la Argentina cada 28 horas, casi uno por día. Eso no es un "exceso", no se debe a que un policía se pone loco por el estrés y asesina a alguien en un brote psicótico. Es una política de Estado. Prueba al canto: recién ahora ha comenzado el juicio por el asesinato de Walter Bulacio, a 22 años de haberse cometido, y se juzga a un solo criminal y por un delito menor: privación ilegal de libertad, no por el homicidio.

¿Quién los controla?

Un bonaerense dispara, un metropolitano lo encubre y los federales protegen a ambos y limpian la escena del crimen. Cuando la cosa estalla, producto de lo hecho por los vecinos, el ministro de Seguridad de Macri, Guillermo Montenegro, miente al negar que uno de los efectivos pertenezca a las bandas de la Metropolitana, aunque enseguida el tribunal informa lo contrario.

Por eso, hablar de la policía sin hablar del poder del Estado es un discurso vacío, puro "relato", una mentira encubridora.

El caso de Eric enseña que es necesario luchar por el control de las comisarías por parte de organizaciones populares, organismos de derechos humanos y sindicales, para abrir los libros de guardia y poner de manifiesto los vínculos de esa policía con el hampa. El gatillo fácil sólo es una forma de imponer, terror mediante, la impunidad para la protección policial, política y judicial al narcotráfico, los desarmaderos de autos robados, los prostíbulos, las redes de trata, las zonas liberadas y otros rubros por el estilo.

Exigimos el juicio y castigo a los asesinos de Milton, incluidos los encubridores políticos de los ministerios de "seguridad" nacional y de la Ciudad.