Gerardo «601» Martínez quiere su propio punto final

El Sitraic (Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines), la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y otros organismos de derechos humanos (con el patrocinio de Apel, Correpi y Cadep) denunciaron hace más de dos años al secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, por integrar los servicio de inteligencia bajo la dictadura.


La causa quedó a cargo del juez Lijo, quien la archivó el año pasado y rechazó como querellantes a estas organizaciones. Pero la decisión fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones.


El 13 de junio, el mismo juez Lijo volvió a rechazar la pretensión de ser tenidos como querellantes. Además anticipó, sin dictaminarlo expresamente, el archivo de la causa, al rechazar -sin nuevos argumentos- lo ordenado por el tribunal superior.


El 7 de agosto próximo, en una audiencia ante la Cámara de Apelaciones, las organizaciones que denunciamos a Gerardo Martínez como miembro del Batallón 601, nuevamente solicitaremos que se revoque la decisión del juez. El mismo aduce que no es suficiente prueba la pertenencia de Martínez al personal civil de inteligencia del Batallón 601 (durante la dictadura) para considerarlo autor de un delito. Ello requeriría, según el juez, que se lo relacione con una desaparición u homicidio concreto. Incluso llega a definir nuestra pretensión como "una excursión de pesca".


Pero la tarea de infiltración criminal de Martínez está claramente probada: en la documentación con la que acompañamos la denuncia, figura como agente especializado en "sindical". Ya en ese entonces, era miembro de la Uocra y participaba del grupo de reunión donde se establecían los "objetivos" del Batallón. Estos no podían ser otros que la delación con vistas al posterior secuestro. En vez de tomar los datos aportados para profundizar la responsabilidad de Martínez, el juez los descarta de plano.


La resistencia a investigar a los agentes de inteligencia de la dictadura tiene claras razones: ocurre que compromete a personal del ejército, pero también a actuales sindicalistas, políticos y empresarios (el listado del Batallón 601 sólo constituye la punta de un iceberg). Rechazamos el "punto final" en beneficio de Gerardo Martínez y así lo plantearemos en la audiencia del próximo 7 de agosto.

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