Lona es el ex juez federal de activa colaboración con la dictadura mientras ostentaba su cargo y llegó a juicio oral acusado como partícipe de la masacre de Las Palomitas donde fusilan y dinamitan a 11 presos políticos de Salta y Jujuy con la intención de simular un enfrentamiento con la guerrilla.

Pablo Outes, fue convencido por Lona para que se entregue a fines del 75 bajo promesa de mejorar su situación, lo que de ninguna manera ocurrió ya que la situación de detención fueron extremas bajo la absoluta desidia de su supuesto amigo juez.

La suerte de Outes fue sellada el 6 de julio de 1976 cuando fue acribillado junto a otros 10 compañeros en el paraje Las Palomitas, a pocos kilómetros de la capital de Salta.

El ex juez genocida, tejió una red de conexiones y amistades en la justicia salteña que permitieron mantener su impunidad. Lona además, está siendo investigado en otras 40 causas por su complicidad con la dictadura genocida pero cumple su prisión domiciliaria en la comodidad de su hogar.

Gil Lavedra, fue uno de los jueces que en 1985 condenó a Rafael Videla y Emilio Massera a prisión perpetua, condenas menores para otros genocidas y varias absoluciones, entre ellas, la de Leopoldo Galtieri.

El candidato a diputado por Salta, Raúl Correa remitió un comunicado en repudio y poniendo en tela de juicio la idoneidad de Gil Lavedra para ser afiliado radical y propuso enviarlo al Tribunal de Ética partidaria, arguyendo que las banderas de los derechos humanos son levantadas por el radicalismo y la decisión del abogado va en contra de esos principios partidarios. Omite Correa sin embargo, que el radicalismo, al igual que el PJ en todas sus variantes, y la aventura de la Alianza, no han abierto los archivos de la dictadura ni ha ofrecido prueba para la prosecución de los juicios, pero al mismo tiempo, parece haber olvidado las leyes de obediencia de vida y punto final que fueron sancionadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

Las variantes patronales en todos sus espectros se mantienen al servicio de la impunidad de aquellos que atentaron contra la vanguardia obrera, teniendo a genocidas en sus huestes como el gobierno kichrnerista con Milani y Gerardo Martínez, o poniéndose a su servicio como abogado defensor.