La movilización contra la Cumbre G20 será una demostración política frente a un operativo en regla del macrismo para desmovilizar: tras el sinfín de provocaciones, detenciones y “operativos clamor” de las últimas semanas, los gobiernos nacional y de la Ciudad han dispuesto la militarización de todo el centro porteño.

La suspensión de los medios de transporte público para acceder a la ciudad, los operativos en los accesos para intimidar la llegada de micros privados con manifestantes, los allanamientos a pedido de las agencias imperialistas de la semana pasada, han sido el preludio de la suspensión de hecho del gobierno de todas las garantías constitucionales en los días de la conferencia del G20.

El gobierno se ha atribuido la facultad de conceder el derecho a movilizar y restringirlo hasta definir un “corralito” dónde hacerlo, olvidando que el derecho a movilizarse es un derecho constitucional, atacado fuertemente con las medidas represivas que ha implementado. Lo ha hecho, por ejemplo, mediante una carta donde alerta que no permitirá encapuchados, a pesar de taparse el rostro no es un delito penado por ningún Código Penal. 

Las zonas restringidas absoluta y parcialmente han dejado dentro de sus límites tanto al fuero judicial nacional con la restricción absoluta al palacio de Tribunales, como al Fuero Penal Federal, ya que la sede de Comodoro Py se encuentra a 200 metros de la Dársena Norte ubicada como vía de evacuación ante cualquier emergencia de los líderes y funcionarios que asistan a la Cumbre.

La preocupación de los abogados de las organizaciones de derechos humanos que usualmente participan en la defensa de los detenidos en el marco de las movilizaciones populares, empujaron al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a dirigir una nota a la Corte Suprema trasladándole la inquietud de que el acceso a los tribunales federales de turno esté vedado como resultado del operativo dispuesto por el ministerio de Seguridad.

La Corte Suprema envió oficio a la Secretaría de Cooperación con los Poderes Constitucionales del Ministerio de Seguridad que fue contestada con la aseveración de que “no se han dispuesto restricciones para la zona de acceso de Comodoro Py en el marco del operativo G20”. Lleva la firma de Pablo Noceti, quien coordinó el operativo donde desapareció y resultó muerto Santiago Maldonado.

Sin embargo, la sede desde donde probablemente el juez federal Bonadio, de turno el día de la movilización, decida el tratamiento de los detenidos en esa jornada si se produjese una detención, está dentro de la zona denominada “sede Costa Salguero”, que se ha informado como zona de restricción total. Lo cual se traducirá en que será imposible representar o efectuar alguna petición en defensa de los derechos de las personas que pudieran ser privadas de su libertad ante dicho tribunal hasta el día lunes, llevándose puesto el elemental derecho de defensa, ya que uno de los lugares de detención asignados es la alcaldía 29, en el sub suelo del propio edificio de Comodoro Py.

Esto implicará que las personas que estén privadas de su libertad en estas circunstancias, estarán en una situación jurídica equivalente a la cárcel de Guantanamo.

Otro de los centros de detención asignados en la jornada, en forma novedosa, es la alcaldía de la Policía Federal de calle Figueroa Alcorta y Cavia, ubicada en el mismo predio que la sede de Interpol en la Argentina.

El gobierno ha evocado a los “violentos” como excusa para este accionar antidemocrático, pero ha montado un operativo que arrasa con el elemental derecho de defensa de cualquier persona privada de su libertad, transformando cualquier detención en un Estado de excepción constitucional de suspensión de las garantías constitucionales del debido proceso.

La Cumbre del G20 deliberará en una ciudad en Estado de excepción que enfrentaremos el día 30. Las masas deberán facturar debidamente a Macri esta tendencia presente en su gobierno.

 

Seguí leyendo:

El Frente de Izquierda repudia la presencia del G20 en Argentina y llama a movilizarse el próximo viernes 30

Santiago Maldonado: NO a la impunidad