En la causa judicial por la infiltración de la Policía Federal en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, a través de uno de sus integrantes, no quedan dudas de la acción de espionaje desde la Policía Federal sobre militantes de diversos ámbitos.

La causa fue iniciada tras la denuncia de la misma agencia que descubrió que uno de sus miembros era un oficial de inteligencia de la policía, un PCI (personal civil de inteligencia), tras la denuncia pública organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda acompañaron a los periodistas de la agencia e iniciaron una causa penal contra el oficial mayor de inteligencia Américo Alejandro Balbuena, de él se trata.

La semana pasada se tomó declaración en carácter de testigo al actual diputado por Nuevo Encuentro, Marcelo Saín, ex jefe de policía de seguridad aeronáutica K.

En su declaración como testigo Saín ratifico la existencia de la división de esa fuerza dedicada al espionaje que cuenta con un sustento legal en un decreto de 1963, aún vigente.

El decreto- ley 9.021 de 1963, del gobierno de José María Guido, creo la “Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina”, esto es, “un verdadero servicio paraestatal de informaciones e inteligencia no sujeto a ningún tipo de contralor administrativo, judicial y parlamentario más allá que el ejercido por algunos pocos miembros del comisariato superior de la fuerza”. Según detalló Saín, ese cuerpo está compuesto por “agentes secretos” abocados a las tareas específicas de la “especialidad de informaciones” y cuyos cargos no son “incompatibles con otro empleo de la administración pública, provincial, municipal y privados”.

Esa norma habilita a agentes a infiltrarse en cualquier organismo público y privado, una facultad que no tienen ni siquiera los espías de la Secretaría de Inteligencia.

Fue bajo este paraguas que Balbuena se infiltró durante más de 10 años en la agencia Walsh.
“Este cuerpo policial de informaciones cuenta con casi 1000 espías que se dividen superiores y subalternos, y entre sus numerarios se encontraba Ciro James y otros secuaces que cambiaron de bando con alguna notoriedad pública”, apuntó Saín. La cifra de 1000 agentes la calculo en base al presupuesto asignado a esa división de la Federal, aclarando que estos espías, “desarrollan espionaje político”.

La reglamentación de 1967 asignó a ese Cuerpo de Inteligencia de la PFA la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia, posee jerarquías propias en un escalafón diferente a los demás policías, está exento de las normas que regulan al personal de la administración pública, y se encuentra habilitado para desempeñar empleos tanto en el ámbito privado como público con el objetivo de poder “infiltrarse y hacer espionaje sobre integrantes, actividades, relaciones y circunstancias”. Y acotó un detalle no menor: sus miembros tienen prohibido identificarse como integrantes de ese cuerpo.

En cuanto a la justificación de que los agentes actúan por órdenes de la justicia, Saín fue contundente: “Las tareas de investigación criminal ordenadas por autoridades judiciales no son desarrolladas por este Cuerpo, porque no forma parte de sus funciones asistir a jueces y/o fiscales sino sólo hacer tareas de recolección de información y de inteligencias indicadas por sus superiores”.

Una de las primeras medidas de prueba tomadas en la causa fue un allanamiento en la Policía Federal en el que se comprobó que los registros en las computadoras habían sido borrados y se logró el secuestro del legajo de Balbuena- en el que es descripto como un agente locuaz y colaborador, da cuenta de varios cursos de inteligencia y de los integrantes de la sección de Reunión de Información a la que pertenecía.

El ex agente fue sumariado y separado de la fuerza, pero sus superiores solo están siendo objeto de una “investigación sumarial” el decreto que amparo sus acciones y la unidad de la Policía Federal sigue vigente.

Claudia Ferrero (Apel)