El lunes 18 de marzo se inició en la Unidad 9 de La Plata una huelga de hambre contra el endurecimiento de las leyes que rigen las detenciones, y por modificaciones en el Código Penal. La protesta se expandió como una mancha de aceite a otros 28 penales bonaerenses y también federales, entre ellos Marcos Paz, Devoto y Ezeiza.
Los detenidos elaboraron un pliego de reivindicaciones en diferentes penales, cuyo punto principal es la derogación de la ley 25.430 que anuló el 2×1. La gran mayoría de los reclusos no tienen condena efectiva, son procesados.
Entre los reclamos figuran muchos de los que motivaron protestas anteriores, como la huelga de hace cuatro años. A pesar de las promesas del entonces gobernador Solá, la situación carcelaria se agravó.
“En el caso bonaerense el listado de reclamos incluye el malestar por el hacinamiento y por la iniciativa de Scioli que apunta a limitar las excarcelaciones” (Ambito Financiero, 7/4).
“La cuestión carcelaria se encuentra, al igual que el resto de nuestra sociedad, en estado de emergencia”, sentencia un comunicado de prensa de la asamblea de detenidos del CPF de la CABA del 31 de marzo. También señala el comunicado de los detenido del penal federal de Devoto: “el reclamo es, en definitiva, en beneficio no sólo de quienes estamos privados de libertad, sino de la sociedad toda, ya que el incumplimiento respecto del trato digno en las prisiones y del fin resocializador de la pena, incide directamente en el grado de inseguridad ciudadana. Así funciona la industria del delito, de la cual, por supuesto, nadie habla por los medios masivos de comunicación”.

La decadencia de las cárceles argentinas es la expresión más nítida de la descomposición del aparato represivo y sus peores herencias de la dictadura militar; con el gobierno de los Kirchner se han reforzado las políticas represivas, la persecución y la criminalización social. Las cárceles argentinas están pobladas por los sectores más oprimidos, no están tras los barrotes los grandes delincuentes, los represores y asesinos del gatillo fácil y los responsables del delito organizado. En las cárceles priman el hacinamiento, los malos tratos, las violaciones y los abusos de todo tipo por parte del sistema penitenciario. En su momento, denunciamos la brutal represalia sufrida por las presas de la Unidad 3 de Ezeiza, por haber denunciado los vejámenes a los que eran sometidas en el penal. Esta metodología advierte la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los huelguistas.

Desde 2006, el gobierno kirchnerista ha dejado de brindar información oficial sobre la situación en los centros de detención del país, otorgando total impunidad al accionar de las fuerzas represivas. En la Argentina rige la pena de muerte de hecho en cárceles, comisarías, dependencias de las fuerzas armadas y demás centros de detención, procedimientos que son avalados por el gobierno de los “derechos humanos”.

Exigimos el cumplimiento efectivo de los reclamos: derogación de artículos del Código Penal violatorios de los derechos individuales, recuperación de la ley del 2×1, tramitación de documentación para extranjeros, rechazo a la modificación al régimen de excarcelaciones que introdujo Scioli en la provincia de Buenos Aires, entre otros puntos. Defendemos la organización de los presos como único medio de poner un freno a la barbarie en las cárceles, y responsabilizamos por su integridad física y psíquica a los gobiernos provincial y nacional y a los sistemas penitenciarios Federal y Bonaerense.