El 3 de noviembre, la jueza penal, contravencional y de faltas Cristina Lara, de la ciudad de Buenos Aires, absolvió al “Tano” Narduli y a Diosnel Pérez en la causa que en su contra se siguió por la toma del Indomeamericano en 2010.

 

El Gobierno de la Ciudad y la fiscalía acusaron a los dirigentes de ser instigadores de la toma del Parque Indomaericano, por lo que el fiscal Luis Cevasco pidió una pena de dos años, pero la jueza consideró que no se habían probado los cargos. 

 

La jueza admitió que en materia de vivienda “existe una falta de políticas públicas que garanticen este derecho, que debe ser atendido, debatido y resuelto por las áreas de gobierno que correspondan como forma de prevención” para evitar futuros conflictos. 

 

Al mismo tiempo que este proceso, a cuatro años de la masacre donde en conjunto la policía Metropolitana y la Federal asesinaron a Rosmery Churapuña, Canabiri Alvarez y Bernardo Salgueiro, la Justicia dejó impunes a todos los policías acusados, más allá que quedara probado que todas estas muertes fueron resultado de la acción policial. Narduli y Peréz, en cambio, llegaron a juicio oral luego de dos absoluciones previas resistidas por los acusadores.

 

En 2010, los gobiernos nacional y de la ciudad se comprometieron, ni bien consumado el desalojo, a poner un peso por cada peso que pusiera el otro para resolver el problema de la vivienda. Ni Cristina ni Macri, a la fecha, han hecho honor a su promesa, y la crisis de la vivienda se agrava día a día, lo que se vio reflejado en el desalojo violento del barrio Papa Francisco. Marcelo Ramal, legislador del Frente de Izquierda, testificó en el juicio a Diosnel y Nardulli. En su testimonio, denunció justamente que la mayoría de quienes participaron en la última toma de Lugano habían estado en el Indoamericano, donde fueron “censados” bajo la promesa de una salida a su necesidad de vivienda. La absolución de los compañeros refuerza la lucha por el techo y contra la criminalización de la protesta.