A ocho años de su segunda desaparición, seis penitenciarios fueron procesados en la causa Jorge Julio López por el subrogante titular del Juzgado Federal 1 de La Plata, Laureano Durán.

Los funcionarios del Servicio Penitenciaio Federal imputados son los jefes de la Sección Visitas y Correspondencia del penal de Marcos Paz, Diego Antonio González y Rubén Atilio Medina; los superiores inmediatos de ellos, Aníbal Anselmo Cuenca y Marcelo Euvaldo Cuenca, quienes revistaban como jefes de la División Seguridad Interna de la cárcel; el director de Seguridad, Héctor Altamirano; y los directores del penal, Carlos Alberto Grassini y Diego Daniel Díaz. En 2008, el ex juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, había dictado la falta de mérito de los siete miembros del SPF que hoy están imputados.

El juez Durán consideró que estos penitenciarios federales son responsables de obstaculizar una de las líneas de investigación de la causa López. La imputación, formulada por los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira, incluye “incumplimiento de los deberes de funcionario público por las conductas de no ejecutar ni cumplir con lo que las leyes establecen” y “omitir, rehusarse hacer o retardar algún acto, como también por sustraer, alterar, ocultar, destruir o inutilizar, total o parcialmente registros confiados a la custodia de un funcionario público”.

Las irregularidades fueron constatadas durante los allanamientos llevados a cabo en la Unidad Penitenciaria Federal II de Marcos Paz, a partir de una denuncia radicada el 14 de marzo de 2007 por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, en la cual se daba cuenta de una directiva ilegal dada por una autoridad de la cárcel para que se beneficiara a detenidos por crímenes de lesa humanidad con un trato privilegiado hacia ellos y sus visitantes, a la hora de las visitas, las llamadas telefónicas y en el nivel de control que se les dispensaba.

López desapareció tras declarar en el juicio contra Miguel Etchecolatz , mano derecha de Ramón Camps, jefe de Policía de la Bonaerense durante la última dictadura cívico-militar. Su testimonio fue clave para condenar a cadena perpetua al represor.

El encubrimiento que ejercía esta fuerza era tan evidente que, cuando se ordenó allanar el penal de Marcos Paz, donde cumple su condena el represor Etchecolatz, los funcionarios de la penitenciaria ya estaban advertidos que iban a ser inspeccionados. Durante 18 meses, la investigación estuvo en manos de la Bonaerense, pero las reiteras denuncias de la querella de Justicia Ya! lograron apartar a esta fuerza del caso. Cuando desapareció López, la Justicia caratuló la causa como “averiguación de paradero”, desde el primer momento Justicia Ya! apuntó contra Etchecolatz y su entorno, hasta lograr el reconocimiento de la desaparición forzada, incluso presentando el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y recientemente ante la Comisión de Desaparición Forzada de la ONU. Hasta hoy, las pistas que conducían al represor y la Bonaerense se fueron diluyendo en las arbitrariedades de un expediente que está plagado de irregularidades.

El fiscal Marcelo Molina recientemente volvió a pedir que se investigue la pista que involucra al entorno familiar de López. Una de las 34 pistas falsas planteadas en los últimos años.

Como desde hace más de ocho años, exigimos aparición de Julio López y que se investigue a la Policía Bonaerense.