Sin orden judicial y violando el decreto presidencial de prohibición de desalojos durante la cuarentena, personal de la comisaría 4° de José León Suárez avanzó sobre un grupo de familias que se encontraba desmalezando un terreno lindante con el Ceamse, en el Barrio 13 de Julio de dicha localidad, partido de San Martín. Se trata del mismo terreno donde días atrás los propios vecinos encontraron el cuerpo de María Angélica Andrada, víctima de femicidio.

Los vecinos denuncian, además, que luego del desalojo producido el martes 19 el municipio instigó en los días subsiguientes a otras familias a ocupar el predio -particularmente aquellas ligadas a la Utep- por lo que alertan sobre posibles nuevos conflictos.

El doble discurso del intendente Moreira

Miles de sanmartinenses padecen desde hace décadas la falta de acceso a la vivienda, el agua potable o las condiciones sanitarias mínimas. El hacinamiento y la precariedad son alarmantes en los barrios y asentamientos que proliferan en el distrito. En el marco del aislamiento obligatorio, gran cantidad de habitantes se encuentran sin percibir ningún tipo de ingreso por ser cuentapropistas o sobrevivir mediante changas. Incluso un amplio sector que se encuentra en esta situación denuncia haber sido rechazado para recibir el insuficiente bono de $10.000, aun cumpliendo con los requisitos que demanda el gobierno. Al mismo tiempo, estos sectores más vulnerables y golpeados por la crisis son las principales víctimas del hostigamiento policial en los barrios, mientras se multiplican los casos de violencia de género en zonas liberadas.

Mientras el intendente Moreira se dedica full time al levantamiento de la cuarentena -el gobierno nacional acaba de aprobar su pedido de habilitar 18 nuevos rubros en el distrito- y permite que los empresarios rebajen salarios y no cumplan con los protocolos sanitarios, envía a reprimir y hostigar a los sectores más golpeados por la crisis y la pandemia, como en el caso de las manteras o los habitantes de las villas y asentamientos para “garantizar el cumplimiento de la cuarentena”.

Por el control popular de la cuarentena

Nuevamente se expresa el cuadro de emergencia social con el que San Martín ha ingresado a la pandemia, siendo hoy uno de los municipios con las tasas más altas de contagio y mortalidad. Por eso es cada vez más imperiosa la necesidad de un control popular de la cuarentena, en la que comisiones obreras de seguridad e higiene garanticen que efectivamente se implemente un plan de emergencia acorde a la situación. Por la apertura de los libros contables del municipio y la reorientación de todos los recursos a la atención de la crisis social y sanitaria. Por el cese inmediato del hostigamiento policial en los barrios. Llamamos a los y las vecinas del distrito a organizarse de manera independiente del Estado y el gobierno, en defensa de sus reivindicaciones, para que no seamos los trabajadores los que paguemos la crisis.