Según los informes de la Procuraduría, durante el primer semestre de 2016 se dictaron sólo nueve sentencias en juicios de lesa humanidad. Asimismo, el informe advierte sobre la demora y acumulación de causas. En ese sentido describe que existen 376 causas contra genocidas que aún esperan sentencia.

En estos momentos, hay 1056 represores cumpliendo prisión, pero el 40% de ellos se encuentran en sus casas. Otros 937 fueron excarcelados y gozan de libertad. De los 50 prófugos denunciados en 2013, sólo dos fueron capturados.

La fiscalía informa que de las 112 causas que ya están en condiciones de ser elevadas a juicio, apenas nueve también tienen fecha fijada de inicio. Existen 224 imputados que aun no fueron convocados ni siquiera a prestar declaración indagatoria. En ellas, además de los 846 procesados, otros 156 fueron beneficiados por la falta de mérito, 40 fueron sobreseídos y 33 fueron recientemente indagados.

Al ritmo cansino que asumen los juicios, era de esperar, el 16 por ciento de los 2436 imputados, falleció. Son 395 que partieron de este mundo sin ser juzgados.

Los juicios lentos y a cuenta gota son denunciados insistentemente desde hace años por los organismos de derechos humanos. La responsabilidad de impulsarlos corresponde al poder político. El kirchnerismo agitaba para la tribuna, pero en los hechos, pasaron diez años desde la reapertura de los juicios de lesa y aun estamos lejos de terminar de juzgar a los pocos que se encuentran procesados. Los gobiernos K no adoptaron una sola medida para acelerarlos. Mientras tanto, Cristina Fernández encumbraba al genocida César Milani al frente del Ejército. Ahora, el gobierno de Cambiemos, que trabaja decididamente para “dar vuelta la hoja” y la “reconciliación” –con el objetivo de contar con las fuerzas armadas para la represión interna- avala las prisiones domiciliarias.

El caso Esma

La megacausa ESMA, la más emblemática y grande en la historia de los juicios por el genocidio argentino, comenzó en 2012 y aun está lejos de llegar a su final. La querella de Justicia Ya! –integrada por Apel y otros organismos de derechos humanos- pudo alegar con más de un año de demora, en abril de este año. Desde entonces, los alegatos de los defensores de los milicos se realizan en audiencias que duran apenas un par de horas, a razón de dos o tres por semana. Con un pronóstico optimista, en marzo de 2017 podría arribarse al veredicto. Los jueces sostienen que no tienen otra sala disponible –el juicio se realiza en la sala Amia de Comodoro Py-; una excusa.

Desde el inicio de la causa, con 67 acusados, el 40% de ellos estaba en prisión domiciliaria. Hoy sobrevive poco más de cincuenta represores. Los demás, fallecieron.

También en la causa ESMA, la querella de Justicia Ya! amplió la acusación por los delitos sexuales por los genocidas. Esto fue remitido al juez Sergio Torres, quien a dos años de dicha presentación recién estaría por comenzar a llamar a las víctimas para que ratifiquen su intención de instar denuncia.

Los juicios de nunca acabar

La Procuraduría critica que los tribunales brindan muy pocas horas de audiencia. Las jornadas se acortan, los juicios se alargan.

La impunidad es parte de la política de “rehabilitación” de las fuerzas armadas que el kirchnerismo inició con Milani y el gobierno de Macri intenta ahora llevar hasta el final.

El 18 de septiembre, tenemos una cita de honor en Plaza de Mayo, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, a diez años de la segunda desaparición de Julio López.