El llamado “juicio más grande de la historia”, el de la mega-causa ESMA, que ya logró 29 condenas a prisión perpetua para otros tantos genocidas de la última dictadura, amenaza convertirse, al menos en parte, en un juicio de impunidad: cinco de los asesinos –los que recibieron las penas menores, a 8 años de prisión− están recibiendo cédulas para irse a sus casas en libertad condicional.

Los ex detenidos-desaparecidos Carlos “el Sueco” Lordkipanidse y Carlos Loza, la abogada Liliana Alaniz, de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), y la dirigente de ATE Sur, Susana Ancarola, concurrieron a la audiencia que obliga al tribunal a escuchar a las víctimas antes de dictar este tipo de resoluciones para oponerse a que criminales de lesa humanidad reciban ese beneficio.

La prisión domiciliaria, señaló Alaniz, “no es una real prisión en estos casos, en los que nadie controla ni custodia efectivamente que el condenado no abandone su domicilio”. Son abundantes los casos en que se ha visto a genocidas en “prisión domiciliaria” pasear tranquilamente por las calles, hacer sus compras y hasta salir de vacaciones. Si bien ahora se ha dispuesto que los beneficiados por esta medida usen pulsera de detección de ubicación, no hay mayor garantía que en otros casos. Lordkipanidse, por su parte, criticó el bajo monto de la pena impuesta, atenuando su papel en la represión. “Son todos responsables del delito de genocidio”, señaló el Sueco. “Es cierto que estos genocidas no son tan conocidos como lo es Alfredo Astiz, pero tienen el mismo grado de responsabilidad. No hay diferencia, desde ese punto de vista, entre quien iba en el Falcon a secuestrar y compañeros, y el piloto que conducía el avión para que esos mismos compañeros fueran arrojados vivos al río”.

En la audiencia, el fiscal de la causa se comportó como un cínico: pidió que se hiciera llegar un “informe de riesgo” a las víctimas para impedir que se cruzaran eventualmente por la calle con estos represores y, al mismo tiempo, para evitar que las víctimas “hostiguen” a sus victimarios (que acudan a los organismos de derechos humanos, por ejemplo).

No debe olvidarse que no se trata de “ex” represores sino de represores a secas, como lo demuestra, por ejemplo, el caso de Julio López, secuestrado y desaparecido durante el gobierno K después de atestiguar contra el criminal Miguel Etchecolatz (dicho sea al pasar, recién hace unos pocos meses, el 20 de agosto de este año, Etechecolatz fue exonerado de la fuerza).

Si se pudo detener y condenar a estos genocidas fue por la movilización popular y por la organización de las propias víctimas, que investigaron por su cuenta y hasta consiguieron y controlaron los domicilios que hallaron, para que los criminales no pudieran huir.

Como se ve, después de tantos años, esta lucha no termina.