Justicia para Gabriel Blanco

Desde el 16 de marzo se lleva a cabo el juicio por el asesinato de Gabriel Blanco, de 21 años, ocurrido el 1° de marzo de 2007 en una comisaría de Isidro Casanova. El caso, una muestra brutal del accionar de la Bonaerense, se enmarca como antecedente directo del caso de Luciano Arruga, que ocurriría dos años después. Aparecen los mismos elementos: un joven en condiciones de vida precaria, una oferta para robar para la policía en zonas liberadas, el rechazo y la muerte


Desde el 16 de marzo se lleva a cabo el juicio por el asesinato de Gabriel Blanco, de 21 años, ocurrido el 1° de marzo de 2007 en una comisaría de Isidro Casanova. El caso, una muestra brutal del accionar de la Bonaerense, se enmarca como antecedente directo del caso de Luciano Arruga, que ocurriría dos años después. Aparecen los mismos elementos: un joven en condiciones de vida precaria, una oferta para robar para la policía en zonas liberadas, el rechazo y la muerte.


Gabriel Blanco, a los 19 años, intentó dejar atrás un período oscuro de su vida. Luego de estar ocho meses preso por robo, se rehabilitó de la adicción a las drogas, buscó trabajo y empezó una nueva vida. Se había casado y tenía un hijo. A los 21 lo estaba logrando. Ahí apareció una nueva “oferta” de la policía para robar para ellos. Gabriel se negó y esa fue su sentencia.


Empezaron las amenazas, el hostigamiento, la persecución, hasta que el 1° de marzo de 2007 un grupo de policías se lo llevó detenido sin razón. Su mujer fue hasta la comisaría, donde le negaron la posibilidad de verlo. Gabriel estaba con un ataque de nervios y pedía ver a su mujer y a su hijo. La policía le dijo que se vaya, “que ellos lo iban a calmar”. Horas después, un patrullero llegó a la casa de los Blanco a informar que Gabriel se había suicidado en el calabozo. Rápidamente, la versión policial fue cuestionada por la familia que vio rastros de golpes brutales en el cadáver de Gabriel y un intento claro de ocultarlos. Tras la denuncia de la familia -apoyada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Matanza- se verificaron estas pruebas, aparecieron testimonios de testigos que estaban esa noche en la comisaría y se realizaron pericias que desbaratan la versión del suicidio.


La Justicia criminaliza a los que luchan


A fines de 2014 la causa se reactivó. Empezó también una campaña de desprestigio hacia la APDH por parte de la familia de los policías acusados (el subcomisario Rubén Darío Suárez, el oficial Pablo Balbuena y el suboficial Ariel Emiliano Gómez), que estaban presos. Se sostenía que la causa contra estos policías fue “armada” por la APDH, manipulando a los testigos en sus declaraciones. La Justicia inicia una causa contra la APDH y su representante Pablo Pimentel. Simultáneamente, se dieron situaciones de amenazas a militantes de la APDH y sus familias, e incluso atentados en su local de San Justo. Las organizaciones sociales y políticas de La Matanza repudiamos estas amenazas y acompañamos a la APDH en distintas movilizaciones, denunciando el intento de armar un cerco de impunidad para la policía Bonaerense y de criminalizar a un organismo de derechos humanos.


Todo este proceso se dio bajo el gobierno anterior, una prueba más de la responsabilidad política que le cabe al kirchnerismo en el avance de la represión, la desaparición de personas, el gatillo fácil, las torturas en comisarías y la complicidad policial con el delito en todos sus niveles.


A fines de 2015 la Justicia habilitó la excarcelación con prisión domiciliaría para los policías y el TOC 5 declaró la nulidad de las pericias que demostrarían que Gabriel no se suicidó. El estudio de abogados que patrocina a los policías es el de Miguel Ángel Racanelli, jefe de la bancada del PRO en el Concejo Deliberante matancero.


Para cuando aparezca esta nota, el juicio probablemente haya terminado. No es alentador el panorama, porque a todos los hechos señalados más arriba se le suman los antecedentes del tribunal, que fueron los mismos que absolvieron a los policías en el caso Duffau. Además, accedieron al pedido de la defensa de realizar el juicio a puertas cerradas, incluso impidiendo la entrada de la prensa. Por otro lado, el fiscal que actúa en la causa es el mismo que, junto a la fiscal Celia Cejas, autorizó las escuchas a la familia de Luciano Arruga, mientras Luciano estaba desaparecido luego de ser detenido por un patrullero en enero de 2009. Sin embargo, el Partido Obrero, junto a otras organizaciones políticas y sociales, realizamos un “aguante” afuera de los tribunales durante estos días, acompañando a la APDH y la familia de Gabriel, haciendo un llamado a la población matancera para repudiar estos hechos y organizarnos contra el aparato represivo y los gobiernos cómplices.