Lucas Vega Caballero tenía 13 años y el sueño de ser jugador profesional de fútbol, para lo cual tenía talento, como lo comprueba su paso por la liga infantil de Rosario Central. El lunes pasado fue asesinado en una balacera en la zona noroeste de Rosario, mientras pasaba el rato con otros 3 amigos en el maxikiosco ubicado en el barrio 7 de septiembre. También salieron heridos otros 3 pibes de 15 años. Uno de ellos se encuentra grave, otro es el hermano de una compañera y militante del Polo y el Partido Obrero, cuya intervención médica fue decisiva para salvarle la vida, ante la demora de la ambulancia y la negativa de la policía de trasladarlo a un hospital.

Ya son 165 las víctimas de homicidio en lo que va del año en Rosario a manos de bandas narco, que actúan en zonas liberadas por la policía, y han convertido a algunos barrios de la ciudad en lugares invivibles para los vecinos y vecinas. Es el caso del 7 de septiembre, donde ocurrió el crimen de Luquitas, o de Tablada, que hace una semana fue sacudido por el asesinato de Claudia, una asistente escolar que estaba en la parada de colectivos ubicada en la plaza del barrio junto a su hija Virginia, que aún pelea por su vida.

Rosario triplica la media de homicidios del país, el saldo luctuoso de los 11 envíos de Gendarmería que se hicieron bajo los gobiernos de Kirchner-Binner, Macri-Lisfchizt y de los Fernández Massa-Perotti. Dos de cada 3 crímenes fueron comprobadamente a manos de bandas narco, cuyas cabezas se encuentran tras las rejas, como “Los Monos” o Alvarado, pero continúan operando con impunidad gracias a la complicidad de un Servicio Penitenciario completamente corrupto, que facilita los teléfonos y contactos, a cambio de “la mordida”.

El narco menudeo y las cocinas de estupefacientes, los búnkers y las bandas armadas, operan a “cielo abierto” en los barrios populares, que cada vez más son ghettos, donde tomarse un colectivo o una coca en el kiosco del barrio supone peligro de vida, y donde el “no se aguanta más” es la frase remanada entre la población trabajadora que además debe soportar el peso de la corrupción policial que se cuela en cada momento de la vida cotidiana.

Esta situación es responsabilidad de los gobiernos que entregaron Rosario y Santa Fe al narcotráfico, porque sin complicidad política, policial y judicial, sin los beneficios económicos que reporta a múltiples negocios capitalistas, el copamiento narco no sería posible. Ni Javkin, ni Perotti, ni el gobierno del Frente de Todos, ni la oposición patronal, tienen una respuesta frente a este flagelo, porque las cajas negras de la corrupción son parte del entramado de complicidades estatales, pero sobre todo, porque defienden que la Hidrovía sea una zona liberada para el gran delito, en beneficios de los dueños de los puertos privatizados. En Santa Fe existe un régimen narco sojero.

El reforzamiento represivo no cambió nada, porque las fuerzas de seguridad son parte de los negociados. Necesitamos luchar desde abajo contra la impunidad de los crímenes, reclamando por medidas básicas de urbanización, como el alumbrado, el desmalezamiento, el ingreso de los colectivos a los barrios y la entrega de los títulos de propiedad de las viviendas familiares que, en situación dominical incierta, son los blancos predilectos de las bandas para convertir esos lugares en bunkers. Por la estatización y puesta bajo control obrero de los puertos, contra la Hidrovía copada por el narco, el contrabando y los pulpos sojeros, que es la palanca fundamental de la exportación de cocaína a Europa.

Por el desmantelamiento de las redes de narcotráfico, quebrando la complicidad estatal mediante la movilización independiente de vecinos, trabajadores, sindicatos y organizaciones piqueteras, que tenemos que unirnos para decir BASTA. En los próximos días lanzaremos una movilización, a la que convocaremos a participar a familiares de víctimas contra la impunidad, a las vecinales, sindicatos, a la Unidad Piquetera, a todos los sectores que quieran luchar contra este sistema de hambre y violencia.