En la tarde de este viernes 17 la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presenta su informe anual sobre gatillo fácil y abusos policiales. Ante la clandestinidad, el encubrimiento y las maniobras de impunidad que rigen a la violencia del aparato represivo, este anuario se volvió la fuente más fidedigna sobre la cuestión; que permitió corroborar que actualmente cada 21 horas un pibe es asesinado en manos de las fuerzas policiales. Y a la publicación del escrito acudimos, como no podía ser de otra manera, con tres casos de brutalidad (un asesinato incluído) en manos de la maldita policía Bonaerense en los días previos.

El viernes 10 se conoció un caso acontecido en General Rodriguez, a pocas horas del asesinato de Luciano Olivera en Miramar (y mientras el gobierno sanateaba sobre los Derechos Humanos en Plaza de Mayo). El agente Jonatan Silva, al volante de un patrullero de la Bonaerense, embistió por detrás a dos jóvenes que viajaban en moto. Quien iba en la parte trasera del asiento, Agustín Méndez, de solamente 15 años, perdió la vida prácticamente en el acto; mientras que su acompañante fue hospitalizado con heridas.

Algunos días después, el 14 de diciembre, se conoció un caso que tuvo lugar semanas antes. Otro efectivo de la Bonaerense, perteneciente a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de Lomas de Zamora, atropelló con su auto particular a un niño de 13 años que se dirigía en bicicleta al colegio, le asestó un puñetazo en la cabeza y le robó la mochila. Las cámaras de la zona registraron el hecho y abrieron una investigación sobre la patente del rodado, donde se constató que el propietario desde hacía poco menos de medio año era un agente policial. Gracias al dato de la patente, sin embargo, se pudo verificar que ya había protagonizado en la misma zona otros robos en las últimas semanas. Lo que, otra vez más, viene a demostrar que detrás de los robos y el delito está la mano de las fuerzas policiales.

Ahora bien, en el día de ayer (en definitiva, horas antes del informe de Correpi) fue noticia otro caso de brutalidad policial. Otra vez más la policía Bonaerense. En Isidro Casanova un joven de 22 años fue atropellado en un contexto de pelea a la salida de un boliche. Al episodio ya de por sí violento, la policía acudió, cómo no, a desplegar toda su brutalidad. El sargento Gustavo Pedrozo, con una escopeta antidisturbios de balas de sal -que no es reglamentaria para el patrullaje- le disparó a Thomas Ramos, quien no solo tuvo que sufrir ser embestido por un automóvil y, según versiones, los golpes de quienes iban a bordo del mismo, sino el impacto de tres municiones en su entrepierna. El oficial le dijo a la madre de la víctima que “se le escaparon” los tiros. Al momento, la fiscal Nuñez que interviene en la causa ¡no considera que haya mala conducta por parte del efectivo! (Clarín, 16/12).

Esto constata el manto de impunidad que otorga todo el andamiaje del Estado, desde la justicia al poder político, para con el descompuesto aparato policial. Amén de los tribunales en que una y otra vez se absolvió a policías asesinos o agresores, quienes nos gobiernan le lavan constantemente la cara a sus fuerzas represivas. El facho de Berni, ministro de Seguridad bonaerense al que responde la policía provincial, es un difamador y encubridor profesional; y es ampliamente amparado por el gobernador Kicillof para que haga exactamente lo que hace.

El motivo último del aval del poder político a la descompuesta policía de las cajas negras, del gatillo fácil y los abusos policiales es poder echar mano cuando fuese necesario para que hagan lo que hicieron recientemente en Chubut, donde la infame ley minera se aprobó a contramano de la voluntad popular y sobre la base de una represión feroz. Ocurre a ambos lados de la “grieta”, como lo probó el asesinato de Lucas González en la Ciudad de Buenos Aires, cuya policía en solo cinco años de existencia mató a más de 121 pibes en un modus operandi de casos de gatillo fácil similares, aunque Larreta se quiera desentender diciendo que “serán inflexibles con los policías que actúen fuera de la ley”.

Mientras aguardamos constatar los números y las estadísticas que el informe de Correpi viene a clarificar, exigimos una vez más basta de gatillo fácil; basta de violencia y abusos policiales; basta de recaudación, cajas negras y regenteo de las fuerzas al delito organizado. Hay que abrir los libros de las comisarías y desmantelar el aparato represivo de punta a punta: nos siguen matando pibes.